Decisión nº 737 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 18 de Septiembre de 2014

Declarar la nulidad absoluta del instrumento contentivo de un testamento otorgado por el finado P.M.R., en vida portador de la Cédula de Identidad No. 493.580, de fecha 23 de septiembre de 1.999, otorgado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el No. 12, Tomo 1, Protocolo 4.

En pagar las costas de la reconvención.

Estimó la demanda reconvencional en la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS. (Bs. 10.000.000,00).

CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN

El apoderado judicial del actor reconvenido, abogado J.M.R., dio contestación a la demanda reconvencional, en los siguientes términos:

Rechazó en todas y cada una de sus partes la reconvención propuesta en contra de su representado, en virtud de que dicha acción es temeraria e impertinente, por cuanto en las cláusula terceras y cuarta del testamento, la previsión del testador al incluir como legado las acciones judiciales y extrajudiciales, a fin de recuperar sus bienes, por lo que el testamento cumplía con todos los requisitos legales.

-V-

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

PUNTOS PREVIOS

DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Observa este Tribunal, en la oportunidad de dar contestación la parte demandada reconvenida, opuso en primer lugar como defensa de fondo, la caducidad de la acción, en la cual arguyó lo siguiente:

…Ciudadano Juez, en este Juicio se pretende demandar la Nulidad de dos (2) contratos contentivos de documentos de compraventa legítimamente celebrados y debidamente protocolizados en fecha DIEZ Y SEIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) y de conformidad con lo establecido por el artículo 1.346 del Código Civil ‘la acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años…’

Es decir, desde el día 16 de Enero de mil novecientos noventa y ocho (1998) (fecha en la que se celebraron las ventas que se pretenden anular) hasta el día 27 de Enero del dos mil tres (2003), fecha en la que este Juzgado admitió la demanda, había transcurrido íntegramente el lapso de cinco (5) años que otorga como lapso único de caducidad nuestro Código Civil para intentar la acción de nulidad. Es por lo antes expuesto que solicito a este Tribunal declare la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROPUESTA por haber transcurrido mas de cinco (5) años desde la fecha de celebración de las ventas hasta el momento en que se interpone la demanda de nulidad. Dejamos así mismo claramente establecido que esta defensa la hacemos para que sea resuelta al fondo como punto previo en la sentencia definitiva y no como defensa de las contenidas por el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil…

Este Tribunal a los fines de pronunciarse, observa:

Estipula el artículo 1.346 del Código Civil, lo siguiente:

La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos: respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad.

En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato.

Por otro lado, ha establecido la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias de fechas 16 de julio de 1965, 7 de diciembre de 1967, 14 de agosto de 1975 y más recientemente en fecha 23 de julio de 1987, respecto a lo establecido por el artículo 1.346 del Código Civil, loa siguiente:

...Ahora bien, ciertamente como lo señala el Juzgador, tanto la prescripción como la caducidad implican la consolidación o extinción de una posibilidad jurídica debida al transcurso del tiempo; y concretamente en el caso de la prescripción extintiva, no se hace siempre sencillo distinguir, en los supuestos en que la ley establece un plazo para determinada actuación, si dicho término ha de ser reputado de prescripción extintiva o de caducidad. El interés de la distinción, es con todo, real, por cuanto en el supuesto de la prescripción extintiva, fenece la acción para reclamar un derecho aunque no el derecho mismo –ya que la obligación correlativa, antes de extinguirse, pasa a adquirir los caracteres de la obligación natural- en tanto que la caducidad, establecida siempre ésta, cuando es legal, por razones de orden público, ninguna posibilidad queda ya a las partes de obtener un cumplimiento. En materia de caducidad, cesan tanto la acción como el eventual derecho a cuya protección se refiere la misma.

Existen varios criterios para determinar, ante un plazo extintivo fijado por la ley, si el mismo puede reputarse de prescripción o de caducidad. En primer lugar, evidentemente, habrá que aceptar la propia calificación que le dé el legislador en la manera de expresar la norma, y así, son indiscutiblemente prescripciones los lapsos que están calificados como tales en el propio texto legal, o incluidos dentro de los capítulos de una ley que se refiere específicamente a la prescripción de las acciones correspondientes. Cuando falta dicha calificación expresa, de todos modos es preciso indagar si el legislador no expresó su voluntad de algún otro modo, por ejemplo, señalando la posibilidad de que la actuación del interesado interrumpiera el plazo –lo cual sucede sólo en materia de prescripción- o supeditado el inicio del lapso al momento en el cual se tuviera la capacidad de ejercicio necesaria para accionar, como ocurre en el presente caso. El interés protegido también ha de tomarse en cuenta para la determinación del lapso, por cuanto indiscutiblemente el mismo sería de caducidad, cuando estuvieran involucradas situaciones de orden público.

En el caso de autos, el propio artículo 1.346, al establecer la duración para pedir la acción de nulidad de una convención, se refiere, en primer lugar, al ejercicio de la acción y no al derecho correspondiente; luego, prevé la suspensión del lapso cuando el titular es un entredicho o inhabilitado y supedita el inicio del cómputo, en caso de menores, al momento en que alcance la mayoridad; de otra parte, no hay en la protección a un interés colectivo o general sino sólo la atribución de una facultad a cada una de las partes de una convención frente a la otra parte,; por todo esto la Corte ya en oportunidades anteriores ha calificado el lapso prescriptivo...

.(subrayado de este Juzgado)

De la jurisprudencia que antecede, se evidencia que el lapso previsto en el artículo 1.346 del Código Civil, es de prescripción y no de caducidad, por lo que considerar lo contrario, se estaría al frente de una violación a la comentada disposición legal.

Asimismo, aclara esta sentenciadora a la parte oponente, que el lapso de prescripción de cinco (5) años preceptuado en el artículo 1.346 del Código Civil, es aplicable para la acción de nulidad relativa de convenciones y, no para la acción de nulidad absoluta de las mismas.

Visto lo anterior, se observa que en el caso bajo estudio la pretensión del actor reconvenido en su escrito de demanda, se dirige a la nulidad absoluta de dos (2) contratos de venta por inexistencia del consentimiento de una de las partes, tal y como está desarrollada la pretensión, el lapso de prescripción para la acción de nulidad absoluta de una convención por la ausencia de uno de sus elementos esenciales, es de 10 años, de acuerdo al artículo 1.977 del Código Civil.

Resultando claro que el lapso previsto en el artículo 1.346 del Código Civil, es de prescripción y no de caducidad, aplicable para la acción de nulidad relativa de convenciones y no para la acción de nulidad absoluta de las mismas, como en el caso que se examina, en el que el accionante pretende la nulidad absoluta, como ya se dijo de dos (2) contratos de compra venta, es razón suficiente para quien sentencia, de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, acogiendo la doctrina antes transcrita declarar la improcedencia de la caducidad opuesta. Así se decide.

DE LA LITISPENDENCIA

La parte demandada reconviniente, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, como punto previo solicitó la litispendencia, en virtud de lo establecido en el artículo 61 del Código de procedimiento Civil, para lo cual, alegó lo siguiente:

...Dejo expresa constancia que nuevamente el actor acude a la vía jurisdiccional con alegatos falsos y provocadas alteraciones en la interpretación del derecho a los fines de burlar la majestad de la Justicia y hacerse con la propiedad de unos bienes que no le pertenecen, nunca le pertenecieron y que no tiene ni siquiera el derecho de reclamar, perturbándome en mí derecho de propiedad.

Se presenta el actor a este Tribunal a intentar una acción de ‘anulación’ de unos contratos de compraventa que no identifica en el petitorio de su demanda, por lo que se convierte en indeterminada la pretensión del actor, pues no es suficiente en la identificación de dichos documentos en la parte narrativa de la misma, y así pido sea declarado por este Tribunal. A todo evento, y con la finalidad de demostrar la mala fe del actor, señalo a este Honorable Juzgado que actualmente corre ante la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia el expediente signado con el numero 02-040 de la nomenclatura especifica de dicha Sala, que contiene una acción de ‘Resolución de Contrato’ llevada por el Ciudadano L.d.A.F. en mi contra. Es importante destacar que los contratos que pretende resolver en el Juicio señalado son los mismos que trae a este proceso donde demanda su ‘anulación’ (sic) no sabemos si el actor pretende demandar con base a elementos de anulación o de nulidad pues no esgrime elemento alguno que implique la anulación o de nulidad de las ventas, pero en todo caso no existe elemento alguno que vicie los instrumentos a través de los cuales adquirí la propiedad de los inmuebles que son objeto de las ventad que ahora pretende invalidar el actor. Acompaño a la presente copia certificada del expediente identificado con el numero 02-040 y que se sigue ante la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia marcado con la letra ‘A’, donde consta plenamente que existe un proceso donde están en discusión los mismos instrumentos que aquí se pretende invalidar y las partes son las mismas que aquí intervienen.

De conformidad con la doctrina patria, para que exista la litispendencia debe existir identidad de sujetos, objeto y titulo.

En el caso que nos ocupa la demanda que corre ante el Tribunal Supremo de Justicia (expediente numero 02-040=, fue intentada por el finado P.M.R. y seguida hasta el día de hoy por L.D.A.F., quien en su supuesto carácter de Heredero se acreditó el carácter de actor en el Juicio antes identificado.

Es decir, L.D.A.F. en su pretendido carácter de actor lleva adelante un Juicio en mi contra ante el Tribunal Supremo de Justicia e intenta otra acción ante este Honorable Juzgado, por lo que se configura la identidad de sujetos a los que se refiere nuestra legislación al establecer las condiciones necesarias para qie exista la Litispendencia. Lo antes dicho se observa plenamente demostrado en las copias certificadas que acompañamos a la presente contestación marcadas con la letra ‘A’

…OMISSISS…

El juicio tantas veces señalado y que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia a la espera de sentencia )Expe. 02-040) versa sobre la resolución de dos (2) ventas contenidas en los documentos de fecha 16 de enero de 1998 debidamente protocolizados ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, el primero de ellos anotado bajo el numero 12, Tomo 10 Protocolo Primero y el segundo de los documentos anotado bajo el numero 7, Tomo 10, Protocolo Primero, según consta de copia del libelo que dio origen a esa acción y que acompañamos marcado con la letra ‘B’.

Al mismo tiempo podemos observar que la demanda introducida por el actor ante este Honorable Juzgado intenta la nulidad de ese mismo documento antes identificado, según consta de libelo que da origen a este Juicio (folio 1 y 2 del cuerpo de la demanda). Es decir, el actor mientras lleva un juicio por resolución de contrato de dichas ventas demanda en forma paralela la ‘anulación’ (sic) de las misma ventas, celebradas en forma legitima, valida, pura, simple perfecta e irrevocable.

Vistas así las cosas, queda evidentemente demostrada la identidad de objetos, sujetos y títulos que existe entre un juicio que esta esperando sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia y la presente causa, pues en uno el actor pretende resolver las ventas contenida en los mismos documentos que ahora demanda por supuestos vicios de ‘anulación’ (sic).

…omississ…

Ciudadano Juez, si las ventas deben ser resueltas, tal y como afirma el actor en el Juicio que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, es porque las mismas son validas y sin vicio alguno, pues solo se puede demandar la resolución de contratos validos.

En virtud de lo antes expuesto y ante la igualdad de objeto, sujeto y titulo de expediente 02-040 pendiente de resolución en la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y este Proceso, solicito se declare la litispendencia de esta causa, decrete extinguida la misma y ordene el archivo del expediente de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil...

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Pasa entonces, este Juzgado, a determinar si en el presente caso, es posible extinguir el presente proceso por medio de la LITISPENDENCIA.

A tales efectos el Tribunal observa:

El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente, a solicitud de parte y aun de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa.

Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo Tribunal, la declaratoria de litispendencia pronunciada por éste, producirá la extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado o haya sido citado con posterioridad

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En ese sentido es preciso para esta sentenciadora, aunar en lo que es la litispendencia, observándose que esta institución, se traduce como "litigio pendiente", utilizada en Derecho para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas partes y sobre una misma materia. Es un efecto procesal que se genera tras la presentación de una demanda, en contra del demandante, que le impide iniciar un nuevo juicio contra el demandado, sobre la misma materia, pues, en dicha situación el último tiene la posibilidad de oponerse alegando tal situación; utilizándola como una excepción procesal. Con ello se pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias. Sin embargo, debe dejarse claro que debe existir identidad de sujetos, objeto y causa, sin que alguno de estos elementos pueda faltar, requisitos inevitables e indispensables para que se determine la existencia de la litispendencia. Es por ello que se dice que la litispendencia, supone la máxima conexión que puede haber entre dos juicios por identidad de los elementos señalados: sujetos (personas), objeto de la pretensión y título o acción, al punto de que la doctrina entiende que no son dos, sino una misma demanda incoada dos veces.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sentencia No. 2256, del dieciocho (18) de agosto de dos mil tres (2003), expediente No. 00-2974, con ponencia del para entonces Magistrado, Dr. I.R.U., establece lo siguiente:

…La sentencia cuestionada declaró, que entre las causas instauradas contra la ciudadana Sultana Belilty de Foinquinos ante el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas -cuya parte actora es la ciudadana J.M.G.- y el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial (cuya parte actora es Inversiones 87-23 Pipmar -1 C.A.), no existía litispendencia, toda vez que en dichos procesos no se configuraba la identidad ni de objeto ni causa petendi, ya que ante un Juzgado -Tercero de Municipio- se demandó la rescisión de contrato y ante otro Tribunal -Décimo Noveno- se demandó la resolución del mismo contrato. En consecuencia, la decisión objeto del presente amparo revocó el fallo dictado por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 29 de septiembre de 1999, que había declarado la litispendencia entre las causas anteriormente nombradas.

En este sentido, la Sala observa, que la litispendencia supone la máxima conexión que pueda existir entre dos juicios respecto a sus tres elementos, esto es, sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, éstos no deben ser entendidos conforme a su posición procesal como partes, sino en atención a su condición como partes sustanciales en el proceso (relación sustancial entre las partes); respecto al objeto y a la causa petendi, su identidad no lo determina la calificación jurídica dada a la pretensión sino la pretensión en sí misma. De tal modo, que una variación en la calificación jurídica de la pretensión no excluye la existencia de la litispendencia entre dos juicios, si la pretensión contenida en la demanda, es la misma en una y otra causa.

En el caso que nos ocupa, observa la Sala, que en las causas seguidas contra la accionante ante los Juzgados Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Décimo Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, no obstante que la primera versa sobre la rescisión de contrato, en tanto que la segunda trata de resolución del mismo contrato, sí existe litispendencia entre uno y otro juicio, en virtud de la identidad de objeto y causa petendi.

En efecto, tal como se señaló precedentemente, la variación en la calificación jurídica de la pretensión -en este caso rescisión o resolución- no altera en ningún modo la pretensión contenida en la demanda, pues las dos causas seguidas contra la accionante tienen la misma pretensión, cual es, la culminación de la relación contractual y el desalojo del inmueble objeto de litigio por presunto incumplimiento de la demandada de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento.

Respecto a los sujetos procesales, la Sala observa, que si bien el juicio seguido ante el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas fue instaurado por la ciudadana J.M.G., y la demanda seguida ante el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial fue incoada por Inversiones 87-23 Pipmar -1 C.A., ésta última actuó en razón de la cesión que le hiciere la ciudadana J.M.G. de todos los derechos derivados del mismo contrato de arrendamiento. Por tanto, se trata de las mismas partes procesales en uno u otro juicio, manteniéndose la misma relación sustancial entre demandante y demandado. En todo caso, observa la Sala, que Inversiones 87-83 PIPMAR -1 C.A., con ocasión a la cesión de los derechos derivados del contrato de arrendamiento, ha debido subrogarse en los derechos litigiosos, por ser éste un caso de sucesión procesal a título particular en la causa instaurada originalmente contra la accionante, y no incoar un nuevo proceso con el mismo objeto y la misma pretensión…

(resaltado de la sentencia).

Así las cosas, visto que entre los juicios seguidos por el de cujus P.M.R., contra el ciudadano H.A.C.F., parte demandada en este juicio, ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Familia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de esta misma Circunscripción Judicial, por resolución de contrato y nulidad de venta, respectivamente, se evidencia de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente y, específicamente en los anexos traídos a los autos por la parte demandada, que no existen dos juicios iguales en etapa de sentencia, toda vez, que el juicio por resolución de contrato llevado por ante el Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Familia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ya fue decidido.

En consecuencia, este Tribunal estima que en el caso bajo análisis no existe litispendencia entre las causas nombradas precedentemente, motivo por el cual precisa, que la presente acción de nulidad de venta, debe seguir su curso. Así se decide.

En lo que respecta a lo alegado por la parte demandada reconviniente, en cuanto a que el actor reconvenido, no identificó en el petitorio de su demanda, que contratos demandaba su nulidad, toda vez, que los identificó solamente en el cuerpo del libelo, pero no así, en el petitorio de la demanda, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

A tales efectos, estipula el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

…El libelo de la demanda deberá expresar:

1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.

3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.

5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.

8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. (Subrayado y negrilla de este Tribunal).

Así las cosas, se aprecia del artículo antes transcrito, específicamente en su ordinal 4º, que el mismo exige, que el libelo de la demanda, debe expresar con claridad el objeto de la pretensión junto con sus especificaciones, lo cual de una revisión específica del libelo de la demanda que nos ocupa, se extrae que la misma, si identifica con exactitud, cuales son los contratos que se pretende su nulidad, por lo que debe imperiosamente este Juzgado, declarar improcedente la defensa de la parte demandada reconviniente. Así se decide.

DE LA FALTA DE CUALIDAD DE LA PARTE ACTORA RECONVENIDA, PARA INTENTAR EL PRESENTE PROCESO

Ha señalado la parte demandada reconviniente, en su escrito de contestación de la demanda, la falta de cualidad del actor, para intentar el presente juicio, para lo cual, arguyó lo siguiente:

…El ciudadano L.d.A.F., se presenta a juicio en su supuesto carácter de Heredero y al efecto presenta un testamento que acompaña marcado con la letra ‘B’ el cual impugno formalmente, y pretende legitimar su acción amparándose en dicha cualidad. Al efecto me permito señalar a este Tribunal que en el supuesto negado de que dicho Ciudadano fuese Heredero del finado M.R., para ser tomado o aceptado como Heredero debe en primer lugar dar cumplimiento a los estipulado en la LEY DE IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS R.C., que en su Artículo 51 establece:

…omississ…

Es decir, este Tribunal no puede reconocer como Heredero )dar fe de reconocimeinto9 AL Ciudadano L.d.A. hasta tanto no de cumplimiento a la LEY DE IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS R.C., y presente el correspondiente certificado de solvencia correspondiente al presunto testamento con el que pretende llevar adelante la acción de nulidad de unas ventas, que IMPLICA EL USO DE DERECHOS REALES QUE NO POSEE, al no cumplir con lo establecido por la legislación vigente…

Para decidir acerca de este punto previo, se observa:

En el presente caso, se estima pertinente hacer referencia al criterio del procesalita Chiovenda, quien considera a la cualidad como una relación de identidad y, en este sentido, establece la diferencia que existe entre la legitimación para obrar o cualidad y legitimación para proceder o capacidad para estar en juicio por sí o por otros.

Por otro lado, el autor L.L., en relación a la cualidad señala lo siguiente:

…El problema de la cualidad entendida de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presente ejerciendo concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto, se trata en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley concede el derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejerciéndolo como titular efectivo, o contra quien se ejercita de tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado…omissis… este fenómeno de legitimación se presenta particularmente interesante y complejo en el campo del proceso civil y asume el nombre específico de cualidad de obrar y de contradecir. La cualidad, en este sentido procesal, expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada y la persona abstracta a quien la ley concede la acción; y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerada, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción…

El problema de la cualidad entendida de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita

Así las cosas, se pasa a pronunciarse sobre la defensa de fondo esgrimida por la parte demandada reconviniente, relativa a su falta de cualidad, para sostener este juicio.

El presente caso se circunscribe, en la nulidad de 2 ventas suscritas entre el de cujus P.M.R. y el ciudadano H.A.C.M., suficientemente identificado en el cuerpo de este fallo.

Así las cosas, quien demanda dichas nulidades, es el ciudadano L.D.A.F., quien, para demostrar su cualidad en el presente juicio, consignó copia de un testamento suscrito por el de cujus, donde consta que el mismo lo declara como su único y universal heredero, dicho documento fue otorgado ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 1.999, el cual quedó anotado bajo el No. 12, Tomo 1º, Protocolo 4º, de los Libros respectivos.

De las actas del proceso se observa, que el demandado reconviniente, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, impugnó el mencionado testamento.

En este contexto, es oportuno traer a colación, lo que establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en referencia al procedimiento a seguir, cuando un documento público o privado debidamente reconocido, es impugnado.

…Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.

La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere…

(Subrayado y negrilla de este Tribunal).

El artículo antes transcrito, claramente estipula, que cuando un documento es impugnado, la parte que quiera valerse de dicho documento, debe solicitar la prueba de cotejo, con el original o a falta de éste, con copia certificada expedida con anterioridad.

De una revisión de las actas que conforman el expediente, no encontró quien sentencia, que la parte actora reconvenida, haya solicitado la prueba de cotejo a que se contrae el artículo 429 supra, por lo que siendo el documento impugnado la única prueba que tiene la parte actora para demostrar su cualidad, y siendo igualmente que la misma debe quedar desechada del proceso por no cumplir con lo estipulado en el artículo precedente, es imperante para este Juzgado declarar con lugar la defensa de falta de cualidad propuesta por la parte demandada reconviniente, como en efecto será declarada de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

DE LA RECONVENCIÓN

Se evidencia de las actas procesales, que la parte demandada ciudadano H.A.C.M., reconvino a la parte actora, por nulidad de un Instrumento contentivo de un testamento otorgado por el de cujus P.M.R., en fecha 23 de septiembre de 1999, ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el No. 12, Tomo 1, Protocolo 4º.

Ahora bien, se evidencia del cuerpo de esta decisión, que el documento en que funda la demanda la parte demandada reconvieniente, es el testamento supra, el cual quedó desechado del proceso en la demanda principal, en ese sentido, no existiendo en los autos el documento fundamental en que fundamenta su pretensión la reconviniente, es imperioso para quien sentencia declarar la presente demanda reconvencional sin lugar, tal y como será declarada de manera clara, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

VI

DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado SEXTO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

CON LUGAR la defensa de falta de cualidad opuesta por la parte demandada reconviniente.

SIN LUGAR la demanda de NULIDAD DE VENTA incoada por el ciudadano L.D.A.F., en representación del ciudadano H.A.C.M..

SIN LUGAR la reconvención interpuesta por el ciudadano H.A.C.M. contra el ciudadano L.D.A.F..

En virtud del anterior pronunciamiento, no hay condenatoria en costas.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA JUEZ,

A.G.S.E.S.T.,

J.J. ANGULO R.

En la misma fecha dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014), siendo las doce meridiem (12 m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.

EL SECRETARIO TEMPORAL,

J.J. ANGULO R.

AGS/jjar/jar