Decisión nº 13430 de Juzgado Primero del Municipio Iribarren de Lara, de 17 de Septiembre de 2008
| Fecha de Resolución | 17 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Juzgado Primero del Municipio Iribarren |
| Ponente | Libia del Valle La Rosa Malaver |
| Procedimiento | Desalojo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, diecisiete de septiembre de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO : KP02-V-2008-002986
Exp: 13430/ Declaratoria de incompetencia/ Solicitud de Regulación
Recibida la presente causa procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por declinación de competencia este tribunal observa luego de una lectura detenida del libelo, que la presente es una demanda de Desalojo de Inmueble interpuesta por la abogada en ejercicio SOUAD R.S.S. titular de la cédula de identidad nº 9.609.853, inscrita en el I.P.S.A. bajo el nº 35.137, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos A.K.C. y M.H.D.M. quienes son venezolanos, de mayor edad, titulares de la cédula de identidad nº 7.444.702 y13.187.178 en contra de la COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS VERICUBAR R.L., asociación debidamente registrada ante la oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Estado Lara, en fecha 04-11-2002, bajo el n° 36, Tomo 16; Protocolo Primero, representada por su Presidente ciudadano L.R. BERTEL quien es venezolano de mayor edad, titular de la cédula de identidad nº10.666.775. Ahora bien, de acuerdo con los hechos detalladamente explanados por el actor, éste pretende el Desalojo de un inmueble dado en arrendamiento a la precitada cooperativa en virtud de la falta de pago de los cánones mensuales de arrendamiento y estima su demanda a los fines de establecer la competencia del Tribunal en la cantidad de SEIS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 6.000,oo)
En este sentido, y según la Resolución 619 de fecha 30 de enero de 1.996, del Consejo de la Judicatura aún vigente, se estableció que la cuantía de los Juzgados de Municipio no excedería de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000.00) hoy CINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.f. 5.000,oo) y si bien es cierto que en el Decreto Con fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas específicamente en la Disposición Transitoria Cuarta, se estableció que, hasta tanto no se creara la jurisdicción especial en materia asociativa, los tribunales competentes para conocer de las acciones y recursos judiciales previstos en la Ley, son los tribunales de Municipio, independientemente de la cuantía del asunto, tal competencia la cual es especial, puesto que prescinde de la distinción ordinaria de competencia por la cuantía como lo indica la norma, está limitada a las materias o asuntos regidos por la Ley Especial de cooperativas esto es, a las acciones que puedan derivar de la aplicación de la Ley de Cooperativas así por ejemplo el artículo 34 de la misma señala que las diferencias que surjan entre los asociados que aportan a la cooperativa su trabajo no está sometido a la legislación laboral sino a los procedimientos previstos en esa especial Ley, de suerte que tal conflicto deberá ser sometido al conocimiento de un Tribunal de municipio y no a uno laboral pues las relaciones jurídicas existentes entre los miembros de una cooperativa están reguladas por la normativa especial, pero en lo que respecta a las acciones ordinarias derivadas del incumplimiento de las cooperativas de las leyes que rigen en el territorio nacional distintas a la Especial que a ellas regula, ésta determinada por las normas generales de competencia esto es cuantía materia y territorio, de manera que si un tercero demanda a la cooperativa por cobro de bolívares o cumplimiento de contrato, debe para establecerse la competencia aplicarse éstas normas generales.
En lo que respecta al presente caso, se pretende el desalojo de un inmueble por falta de pago, según el decir del actor, situación no regulada por dicha normativa especial sino por el derecho común, es así como el articulo 1º de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece que: “El presente Decreto Ley, regirá el arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales, de enseñanza y otras distintas de las especificadas ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes”. De la misma manera el artículo 34 de la precitada Ley establece que “sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales: a) Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos (02) mensualidades consecutivas.”
En consecuencia la presente demanda entra dentro de la categoría de asuntos que por su naturaleza está sometida a la competencia ordinaria, y no a la competencia especial establecida en la Ley de Cooperativas. En este sentido se ha pronunciado en reiteradas oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia, cuando ha conocido de los conflictos negativos de competencia generados por la interpretación que los distintos juzgados han dado a ese dispositivo legal, siendo una de las mas recientes de fecha 15 de mayo de 2008, pronunciada por la Sala de Casación Civil, con ponencia de la Magistrada Yris Peña Espinoza en el juicio de cobro de bolívares vía intimatoria interpuesto por la Asociación Cooperativa D.C. 02480R.L. contra los ciudadanos L.T.G. y A.T.S.H. en donde se estableció lo siguiente:
“ Ahora bien, las denominadas Asociaciones de Derecho Cooperativo, como lo es la demandante, se rigen por el Decreto Nº 1.440 de fecha 30 de agosto de 2001,con Fuerza de Ley especial de Asociaciones Cooperativas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.285 de fecha 18 de septiembre de 2001, en cuya Disposición Transitoria Cuarta, se establece que hasta tanto no se cree la jurisdicción especial en materia asociativa, los tribunales competentes para conocer de las acciones y recursos judiciales previstos en el precitado Decreto Ley, son los Tribunales de Municipio, independientemente de la cuantía del asunto; igualmente dispone que dichas acciones se tramitarán a través del procedimiento del juicio breve previsto en la Ley adjetiva Civil, dicha norma dispone que: “Hasta tanto no se cree la jurisdicción especial en materia asociativa, los tribunales competentes para conocer de las acciones y recursos judiciales previstos en esta Ley son los tribunales de Municipio, independientemente de la cuantía del asunto. Para su tramitación se aplicará el procedimiento del juicio breve previsto en el Código de Procedimiento Civil,” (Negrillas y subrayado de la Sala). Con vista del contenido y alcance de la norma trascrita, es menester verificar del texto del aludido Decreto Ley, si la presente acción por cobro de bolívares intentada en el presente juicio, se encuentra prevista en las acciones o recursos judiciales contenidos en el mismo. Así las acciones y recursos previstos en el precitado Decreto-Ley susceptibles de ser ejercidas ante los órganos jurisdiccionales, específicamente ante los tribunales de Municipio, independientemente de la cuantía del asunto debatido, y hasta tanto no se cree la jurisdicción especial en materia asociativa, conforme lo prevé la Disposición Transitoria Cuarta, son las contenidas en el artículo 61, en las que se establece la posibilidad de recurrir en nulidad contra las decisiones finales que alcancen los sistemas locales, regionales o nacionales de conciliación, arbitraje y otros mecanismos para resolver o decidir sobre las impugnaciones que los asociados de las cooperativas hicieren acerca de los actos de cualesquiera de las instancias por presunto incumplimiento de las disposiciones del mismo, el estatuto y otras normas de la misma cooperativa; sobre los reclamos que los asociados hicieren a sus cooperativas en relación con su trabajo, por presunto incumplimiento de sus disposiciones, el estatuto y demás normas de la cooperativa, y contra los reclamos y conflictos en el proceso de integración; y las contenidas en el artículo 66, en las que se establece igualmente la posibilidad de recurrir ante los tribunales competentes, contra las decisiones emanadas de las Asambleas o Reuniones Generales de Asociados de cada Cooperativa, Organismos de Integración y similares que resuelvan imponer medidas disciplinarias de exclusión o suspensión de los asociados en caso de no ser parte de los mismos. Conforme a las citadas disposiciones, entre las acciones y recursos previstos en el Decreto Ley bajo análisis, no se prevé la posibilidad de ejercer acciones o recursos por cobros de bolívares, por tanto al no estar contempladas en la norma dichas acciones o recursos, las mismas deberán ser ejercidas ante los tribunales que resulten competentes en razón de la materia, el territorio y la cuantía.”
De manera que, queda claro que la competencia especial asignada a los juzgados de Municipio con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Cooperativas y hasta tanto se creen los tribunales especiales está exclusivamente referida a la materia propia de la ley y a las situaciones que particularmente la misma regula. Por lo tanto los procedimientos distintos a los regulados por ésta y que corresponden a las normas ordinarias no son aplicables. De suerte que tratándose la presente causa de una pretensión de Desalojo, la competencia es la ordinaria y no la especial de la Ley, y por tanto los criterios determinantes para establecerla son el territorio, la materia y la cuantía. En consecuencia y por cuanto la competencia por la cuantía es de orden público y conforme al artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio en cualquier momento del juicio en primera instancia, este tribunal se declara incompetente por la cuantía para conocer la presente causa conforme a lo previsto en el artículo 60 ibidem y así se decide.
En consideración a lo precedentemente expuesto este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley SE DECLARA igualmente INCOMPETENTE por la cuantía para conocer la presente causa y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 y siguientes del Código de Procedimiento Civil solicita regulación de la competencia a cuyo efecto acuerda remitir copia de las presentes actuaciones a un Juzgado Superior con competencia en lo Civil y Mercantil de ésta Circunscripción judicial a los fines de que dirima el conflicto negativo de competencia que ha sido planteado.
Publíquese y Regístrese.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Barquisimeto a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2008) . Años : 197º y 149º
La Juez,
Dra. L.L.R. deR.
La Secretaria Accidental:
Dra. C.M.C.
En la misma fecha se publicó siendo las 1:10 p.m.
La Sec. Acc.
