Decisión de Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal . de Miranda, de 18 de Junio de 2014
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal . |
| Ponente | Teresa Herrera Almeida |
| Procedimiento | Cump Ctto Arrend Por Vencimiento Prórroga Legal |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, 18 de Junio de 2014.
204º y 155º
Revisada las actas que conforman el presente expediente contentivas del juicio que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por vencimiento de Prórroga Legal, sigue la sociedad mercantil “INVERSORA TODO PROGRESO, C.A”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 01 de febrero de 2006, anotada bajo el N° 68, Tomo A-2-Tro, sobre un bien inmueble constituido por un local comercial distinguido con el N° C2-03, del nivel C-2, ubicado en el Centro Comercial La Colina, situado en la Avenida Paseo Los Andes, Urbanización Las Minas, San A.d.L.A.d.E.M., destinado exclusivamente para uso Comercial, contra la ciudadana M.D.B.D.T., mayor de edad, venezolana, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-5.303.771, que se sustancia en el expediente signado bajo el N° 14-9592, el cual se admitió en fecha 21 de mayo de 2014, observando este Tribunal que la presente causa se encuentra en el lapso para que la parte demandada proceda a la dar contestación a la demanda interpuesta en su contra. Ahora bien, con la entrada en vigencia del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACION DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, en fecha 23 de mayo de 2014, y publicada en la Gaceta Oficial Número 40.418, que en sus artículos 1, 2, y 43 en su segundo aparte, establece que dicho decreto rige las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial; que se entenderá por inmuebles destinados al uso comercial, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios, como parte del giro ordinario del establecimiento; que se presumirá, salvo prueba en contrario, inmuebles destinados al uso comercial, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento; y que el conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión, y por cuanto, del contrato de arrendamiento cursante del folio 11 al 14, del presente expediente, en su Clausula Primera, las partes establecieron, que el arrendamiento del inmueble constituido por un local comercial, será destinado, exclusivamente, para uso Comercial, en consecuencia este Tribunal a los fines de la aplicación del nuevo procedimiento que establece la norma en comento, que la presente causa, deberá continuar bajo el procedimiento oral tal como lo prevé la referida Ley, en salvaguarda de su garantía y del derecho al debido proceso, tal como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya aplicación de la ley en el tiempo, está prevista en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hace distinción entre retroactividad y efecto inmediato de la ley, en los siguientes términos:
Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 05 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, a señalado: “(…) Del precepto antes transcrito se destaca el hecho de que el legislador, en consonancia con la doctrina moderna que trata el problema de la aplicación de la ley en el tiempo, distingue entre retroactividad y efecto inmediato de la ley. En este sentido, debe señalarse que Roubier en su momento indicó que la ley tiene efectos retroactivos “cuando se aplique a hechos consumados (facta praeterita) o a situaciones en curso (facta pendentia) en la parte que es anterior al cambio de legislación, más no tendrá efecto retroactivo sino efecto inmediato, cuando se aplique a hechos futuros (facta futura) o a situaciones en curso (facta pendentia) en la parte que es posterior al cambio de legislación” (tesis desarrollada por P.R. en su obra Les conflits de lois dans le temps (Théorie dite de la non-rétroactivité des lois) y explicada por J.S.-Covisa, “La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, en Obra Jurídica, Ediciones de la Contraloría General de la República, 1976, p. 234). De lo anterior se deduce que la ley tendrá efectos retroactivos cuando se aplique a hechos consumados y hechos en curso anteriores a su entrada en vigencia, mientras que la ley tendrá efectos inmediatos cuando se aplique a hechos futuros y a situaciones jurídicas todavía en curso luego de su entrada en vigencia. (…)”.
A lo indicado es de destacar lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Y el artículo 257 eiusdem, preceptúa: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”
En relación a lo que comprende al derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia realizada por el Magistrado Jesús E. Cabrera Romero, en el Exp. Nº 01-1114, decisión. Nº 1745, estableció lo siguiente: “Por su parte, el artículo 26 de la Constitución que junto con el artículo 257 eiusdem han sido denunciado infringidos; establece el primero de ellos lo que se ha llamado el derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una decisión en derecho y el derecho que esa decisión sea efectiva. Asimismo garantiza dicho artículo la gratuidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad y celeridad en la administración de justicia, así como que dicha función debe ser equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles. El referido artículo 257 establece la instrumentalidad del proceso como medio de actualización de la justicia y define sus características esenciales indicando que éste debe ser determinado por la Ley. No comprenden el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso, el de que la decisión resultante de un proceso sea aquella querida o que beneficie al titular de dichos derechos, sino que dicha decisión sea obtenida dentro del proceso legalmente establecido, desarrollado sin infracción de los particulares derechos a que se refiere el artículo 49 de la Constitución y con las características de celeridad, ausencia de formalidades no esenciales y otras contempladas en los artículos 26 y 257 eiusdem.”
El Juez como director del proceso, tiene la obligación de mantener y proteger las garantías constitucionalmente establecidas, evitando extralimitaciones, desigualdades o incumplimiento de formalidades esenciales que puedan generar un estado de indefensión a las partes involucradas en el juicio. La tutela judicial efectiva, conocida también como la garantía constitucional que encuentra su razón de ser, en que la justicia es uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social, por lo tanto, las normas constitucionales contienen una obligación expresa para el Juez de interpretar las instituciones jurídicas tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho, que persiguen hacer efectiva la justicia. La Sala Constitucional, en sentencia del 29 de noviembre de 2005 (caso Banco Provincial C.A.) estableció que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, esto es, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución consagra que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Tal como lo señala la doctrina de la Sala Constitucional, comprende el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y extensión del derecho deducido.
En razón de lo antes expuesto, este Tribunal observa que el presente juicio es un procedimiento judicial, que trata de una demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por vencimiento de la Prórroga Legal, proveniente de una relación de arrendamiento, de un inmueble destinado al uso comercial, o de prestación de servicio, por lo que a los fines de la continuación de la presente causa, por el procedimiento oral, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 7 y 9 del Código de Procedimiento Civil, dicta el presente AUTO COMPLEMENTARIO al auto de admisión de la demanda dictado por este Tribunal en fecha 21 de mayo de 2014, inserto al folio 40, del presente expediente. En consecuencia, dispone:
En procura de la estabilidad del proceso, a fin de mantener y garantizar los derechos constitucionales de las partes; y certeza sobre los actos y actuaciones que deben cumplirse, con la entrada en vigencia del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACION DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, este Tribunal declara, sin efecto alguno, el acto de contestación de la demanda para el segundo (2do) día de despacho siguiente a la citación de la parte demandada, fijado en el auto de admisión de fecha 21 de mayo de 2014, que cursa al folio 40, al continuar la presente causa por los tramites del procedimiento oral, previsto en el artículo 864 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Insta a los apoderados judiciales de la parte actora, abogados M.T.M., I.B.L. y H.S.V., mayores de edad, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.823.211, V-10.515.911 y V-18.364.078, respectivamente, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en los Inpreabogado bajo los Nro. 36.229, 55.638 y 142.564, también respectivamente, para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguiente al de hoy, consignen o acompañen toda la prueba documental de que dispongan, y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Si pidieren posiciones juradas, estas se absorberán en el debate oral, y si no acompaña a su demanda, con la prueba documental, y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentren.
Que la parte demandada ciudadana M.D.B.D.T., mayor de edad, venezolana, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-5.303.771, deberá comparecer a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, dentro de los veinte (20) días de Despachos siguientes, a su citación que conste en autos, siendo de advertir que en el presente caso, dicho lapso comenzara a transcurrir, una vez vencido el lapso de cinco (5) días de despacho concedidos en la disposición SEGUNDA del presente auto, y conforme a lo establecido en el artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, debe presentar por Escrito su contestación, expresando en ella todas las defensas previas y de fondo que creyere conveniente. Asimismo, deberá acompañar con su escrito de contestación, toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral, de no acompañar su contestación con la prueba documental, y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina donde se encuentren. Cúmplase.-LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
Abg. T.H.A.
La Secretaria,
Abg. L.M. de PICCA.
THA/LMdeP/cae
Expediente N° 14-9592
