Decisión nº PJ0252014000210 de Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de Bolivar, de 4 de Julio de 2014

En los informes presentados en este tribunal, la representación accionada solicitó que se declara extemporánea la apelación propuesta por la parte actora y se revocara así el auto del juez de primera instancia que oyó libremente el recurso, a cuyo efecto alegó que cuando dos o más abogados demandan el cobro de honorarios profesionales se conforma un litisconsorcio activo necesario, de suerte que al darse por notificado de la sentencia D.J.F.Z., quedó igualmente notificada de dicho pronunciamiento judicial la ciudadana M.G.C., de manera que cuando ésta recurrió del fallo del juzgado a quo, lo hizo extemporáneamente y así pidió fuera declarado.

Para decidir, se observa:

De acuerdo con el auto que oyó libremente la apelación (aparte de que así consta de las respectivas actuaciones), de la sentencia definitiva se ordeno notificar a las partes, habiéndose dado por notificado el abogado D.J.F. en fecha 13 de agosto de 2003, el 7 de octubre de 2003 el apoderado judicial de la parte demandada C.C. y el 20 de octubre del mismo año la co-accionante M.G.. Siendo ese, pues, el orden en que las partes se impusieron de la sentencia definitiva librada en primera instancia, es a todas luces tempestiva la apelación ejercida por la doctora M.G. el 23 de octubre de 2003, ya que la parte que se considerase agraviada por lo decidido contaba con el plazo en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil.

No comparte el tribunal la tesis de que cuando dos o más abogados demandan el cobro de honorarios profesionales, se conforma un litisconsorcio activo necesario, pues, se visualiza más bien en el caso que estudiamos, un litisconsorcio voluntario, en tanto en cuanto, tratándose de actuaciones comunes, cada profesional actuante tiene perfecto derecho a reclamar individualmente su alícuota de honorarios, conforme al principio de que donde hay interés hay acción, de modo que la cualidad activa no reside fatalmente en los dos profesionales que hoy fungen de demandantes y no necesariamente por separado se justifica, opina esta juzgadora, porque el título de pedir es prácticamente el mismo: la actuación unida, lo que trasmite al asunto una indiscutible conexidad que aconseja un solo trámite, por tanto, según la regla del artículo 147 del Código de Procedimiento Civil los abogados son litigantes distintos, cuyos actos no son capaces de aprovechar o perjudicar al otro. Se desecha en consecuencia el alegato de extemporaneidad de la apelación…” (Subrayado del Tribunal)

De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada, estableció que la demanda de dos o más abogados por honorarios profesionales es un litisconsorcio voluntario, en virtud de que se trata de derechos comunes y en el que todo profesional actuante tiene perfecto derecho a reclamar individualmente su alícuota de honorarios, conforme al principio de que donde hay interés hay acción, y en base a ello concluye, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil, los abogados son litigantes distintos, cuyos actos no son capaces de aprovechar o perjudicar al otro.

…omissis…

Según la decisión parcialmente transcrita se pudo constatar que tal como señala la apoderada de la parte demandada los abogados accionante conforman un litisconsorte activo voluntario, teniendo en común un presunto derecho de cobro de honorarios profesionales, que podría demandar de manera individual su alícuota parte, sin embargo nada dice con respecto a que deben señalar de manera discriminada su alícuota parte, ya que quedara de parte de cada uno de ellos repartirse sus honorarios profesionales como les correspondan.

Lo que si están obligados a señalar de manera discriminada son las actuaciones realizadas en la causa donde emanada tal obligación, ya que sin este requisito fundamental no podrá saber a ciencias ciertas de donde provienen las cantidades intimadas.

Tal hecho lo indica nuestro máximo tribunal de la Sala de Casación Civil en su sentencia nº 235 de fecha 01/06/2011 del expediente nº 200-204:

…omissis…

Siendo ello así, es necesario concluir que, en el orden práctico y por una necesidad del procedimiento, al proponer el abogado la acción de cobro de honorarios, no propone una acción o pretensión merodeclarativa, sino una verdadera y propia acción de condena, haciendo valer en su demanda una relación de las actuaciones generadoras de los honorarios a que la demanda se refiere, indicando de manera apropiada, precisa y separada el monto de los honorarios que pretende le sean pagados por cada una de tales actuaciones. Así lo impone, no sólo la naturaleza del proceso, sino un sentido práctico y de economía procesal, pues de ese modo, se fija la cuantía de la demanda, se precave el ejercicio de algunos derechos dispuestos en la Ley y se evita la necesidad de tener que hacer una inadecuada e improcedente fijación ulterior en el particular, como sostiene la tesis que indica la existencia de una fase estimativa. (Negritas nuestras).

…omissis…

Entonces, podría decirse que los accionantes propusieron su acción conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de señalar con precisión y separadamente las actuaciones judiciales de donde emanan sus honorarios profesionales. Así se decide.

En el mismo orden de ideas señala el artículo 286:

Las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del 30% del valor de lo litigado.

Cuando intervengan varios abogados, la parte vencida sólo estará obligada a pagar los honorarios por el importe de lo que percibiría uno solo, sin perjuicio del derecho de retasa. (Negritas nuestras)

Según el legislador nacional los honorarios profesionales de abogados no deben exceder del 30% de la cuantía de la demanda y en el caso de que fueren varios los abogados o apoderados todos percibirán el mencionado porcentaje, es decir, 30% para todos.

En el presente caso son tres los abogados que presuntamente representaron a la demandada en la causa laboral, entonces, los tres profesionales sería acreedores de hasta 30% del valor de la causa laboral sin distinción de cuanto le corresponde a cada uno de ellos, ahora bien, si el caso fuese por asistencia los honorarios deberán ser pagados por actuación de cada abogado que asiste.

En el mismo sentido, es de aclarar que un poder otorgado esta definido por nuestro legislador patrio como un contrato, encontrándose los contratos - poder definido en el artículo 1.684 del Código Civil venezolano así:

El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello.

Pues bien, de ser cierto que los abogados demandantes fuesen mandantes del demandado, este estaría en la obligación de honrar las actuaciones realizadas por estos en las demandas a que le dio tal poder.

Aunado a ello, al encontrarse el poder o mandato equiparado a un contrato, estos contratos son obligaciones y estas pueden ser solidarias, tal como lo estable el artículo 1.703 eiusdem:

Si el mandato se ha conferido por dos o más personas para un negocio común, cada una de ellas es responsable solidariamente al mandatario de todos los efectos del mandato.

Conforme a lo antes planteado, aplicándolo de manera inversa, es decir el poder otorgado a varios mandatarios, estos tendrán, de no pagarle sus servicios por el mandato, una acreencia solidaria y el mandante una obligación solidaria, la cual esta definida por nuestro Código Civil en su artículo 1.221:

La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho o uno solo de ellos liberte al deudor para con todos. (Negritas del Tribunal)

En el caso en estudio, estamos presente de una obligación solidaria, por cuanto el poder o contrato fue otorgado a varios abogados, y de comprobar que son acreedores de la demandada, cualquiera o todos ellos pueden solicitar el pago completo de los honorarios profesionales emanados de sus actuaciones judiciales, quedando así libre el deudor de la obligación honrada, sin necesidad de saber la alícuota parte que le corresponde a cada acreedores.

Pues bien, de ocurrir el pago de la obligación solidaria por parte del deudor a un solo acreedor, esta se transforma en obligación mancomunada del acreedor que obtuvo el pago para con los demás acreedores, debiendo honrar lo que le corresponde a cada uno de ellos, pero de esto último nada tiene que ver con el deudor libertado de tal obligación.

Entonces, cuando son varios los abogados que intervienen en una causa por la defensa de una misma parte, su contrato o poder es una obligación solidaria que para poder ser honrada basta con que el deudor pague uno cualesquiera de los abogados para liberarse de la misma.

En consecuencia, los demandantes no están en la obligación de señalar su alícuota parte correspondiente de lo global de los honorarios profesionales judiciales que demandan, siendo realmente necesario indicar con precisión y exactitud cada una de las actuaciones de donde emanan los honorarios que reclaman. Así se decide.

2. LA INEXISTENCIA DE LOS RECAUDOS O ANEXOS DEL LIBELO DE LA DEMANDA

   La demandada alegó que las copias certificadas anexas al libelo de la demanda fueron consignadas de manera ilícita, porque no emana en el Sistema Juris 2000 ni a través de la secretaria de este Juzgado constancia alguna de su consignación por parte de los accionantes.

   Tal situación fue sustanciada mediante pronunciamientos de fechas 19/12/2012 y 26/05/2014, sin embargo, aunado a lo planteado en los mencionados fallos, este sentenciador ahonda más el mencionado hecho haciendo tales observaciones:

   El Código de Procedimiento Civil en su artículo 20 señala: Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.

   Conforme a lo establecido en el artículo anterior es deber del Juez aplicar la Constitución Nacional si alguna norma se encuentra al margen de ésta, es el caso de la Gaceta Oficial nº 37.629 de fecha 30/07/2002, específicamente el artículo 2:

   La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, será la encargada de recibir cualquier escrito, libelo de demanda, solicitud, diligencia u otro tipo de documento o correspondencia dirigidos a los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

   Emana del artículo anterior que los justiciables deben acudir a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos para consignar todos los documentos que serán tramitados en los Juzgados, sin embargo, nada expresa con respecto a los recaudos.

   Ahora bien, nuestra carta magna establece en su artículo 26:

   Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos, o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

   El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

   El legislador constitucional en este sentido nos hace inferir que las formalidades no debe ser motivo para no otorgar a los justiciables una justicia expedita, responsable, equitativa, entre otros de los elementos señalados, es decir, que por el hecho de que por error involuntario, bien sea de la Unidad de Recepción y Distribución de Documento o la secretaría de este despacho de no estampar la nota correspondiente, es decir, que sale de las manos de los usuarios de este ente, va a dejar de administrar justicia o lo que es peor declarar inexistente o nulas las copias certificadas que fueron consignadas por los accionantes.

   Aunado a ello, los demandantes en el libelo de la demanda señalaron el ente público de donde provenían las mismas y en su escrito de promoción de pruebas ratificaron dichas copias, mal podría este sentenciador, atribuir tal hechos a los litigantes, cuando en realidad fue un error de este ente jurisdiccional, en consecuencia, dándole cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara improcedente el alegado de la demandada. Así se decide.

   El presente expediente luego de pasar por diversas incidencias, tales como, recusación, reposición y apelación, regresó a tu tribunal de origen a efectos de continuar el juicio por el procedimiento planteado y ordenado por la Sala de Casación Civil mediante decisión nº 235 de fecha 01/06/2011 y ratificada por la Sala Constitucional mediante decisión nº 1217 de fecha 25/07/2011, declarado así improcedente el tercer alegato de la oposición de la demanda y así se decide.

   Es de aclarar que tales alegatos fueron interpuestos por la parte demandada mediante los escritos de fechas: 17/12/2012, 18/01/2013 (citación), 23/01/2013 (recusación declarada sin lugar), 28/01/2013 (oposición); por ante el Juzgado Primero de Municipio; 13/02/2013 (dos escritos), 26/11/2013, 06/02/2014, 04/04/2014, 08/04/2014, 22/04/2014, 28/04/2014 oposición a pruebas), 30/04/2014 (promoción de pruebas) y 22/05/2014.

   Como se puede observar la parte demandada alego de manera reiterada defensas que fueron sustancias en dos oportunidades por este sentenciador, excepto la existencia de un litisconsorte activo voluntario, por cuanto tal alegato es un punto previo en la sentencia definitiva, es necesario por parte de este jurisdiccente informarle a la parte demandada junto con su apoderada judicial que si un Tribunal se pronuncia favorable o no a un petitorio de las partes explicando las defensa que no puede pronunciarse, independientemente el número de escritos que consigne con los mismos alegatos el órgano jurisdiccional no le proveerá a su favor, el consignar reiteradamente escritos con los mismos alegatos tienden a engrosar los expediente innecesariamente y a liar un proceso, en consecuencia, se le aconseja a la parte demandada en un futuro consignar sus alegatos correspondientes y abstenerse de solicitar los mismos si existe en autos un pronunciamiento favorable o no por parte del administrador de justicia.

   FONDO DE LA DEMANDA

   Las partes promovieron las siguientes pruebas documentales:

   Parte accionante:

1. Copias certificadas cursantes en los folios 7 al 220.

3. Informe de la secretaria Inocencia Linero de Cárdenas de fecha 21/02/2013.

   Parte demandada:

1. Primera pagina del libelo de la demanda emanada de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos [en lo adelante URDD].

2. El segundo libelo de la demanda consignado en la URDD el 12/11/2012.

3. Auto del Tribunal Primero del Municipio Heres de fecha 20/11/2012.

4. Escrito de fecha 13/02/2013.

5. Informe de la secretaria Inocencia Linero de Cárdenas de fecha 21/02/2013.

6. Inspección judicial realizada en el presente expediente el 21/02/2013.

7. Inspección judicial realizada en la URDD el 21/02.

   Con relación a las documentales promovidas por la parte demandada señalas con los numerales 1, 5, 6 y 7, son instrumentos públicos que no fueron impugnados por la contraparte en consecuencia, tienen la fuerza probatoria prevista en los artículos 1359 y 1360 Código Civil. Así se decide.

   Ahora, con respecto a las documentales 2 y 4, los mismos son emanados de las partes que no sirven para probar nada, solo son indicios que no ayudan al sentenciador a esclarecer lo que debe ser probado, en consecuencia, se desechan tales pruebas.

   Por último el documento signado con el número 3, es un instrumento público emanado del un órgano jurisdiccional que da a conocer su criterio de admisión de una demanda, que nada prueba en esta causa, criterio que no comparte este Tribunal, sin embargo, respecta. En consecuencia, se desechan tales pruebas.

   Con respecto a las copias certificadas insertas en los folios 07 – 221 emana un instrumento poder otorgado por la empresa Cigarrera Bolívar, C.A., representada por el segundo gerente J.C.P.V. a los ciudadanos M.S.C.C., N.J.E.D. y L.A.R.R., demandante en la presente causa.

   De lo antes planteado este sentenciador hace la observación que la demandada no desvirtúo las copias certificadas indicadas en el párrafo anterior conforme a la Ley Adjetiva Civil, sólo se limito a señala su inexistencia por, a decir de ella, la consignación irregular de la misma, pues bien, aclara nuevamente este jurisdiccente que los errores de los funcionarios sale de las manos de los justiciables, ya que mal podría quien aquí decide declarar la inexistencia de tales instrumentos, que a demás son públicos por cuanto son emanados de un ente judicial, porque su tramitación fue por medio de omisión involuntaria bien sea por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos o por la secretaria de este Juzgado. En consecuencia, tienen la fuerza probatoria prevista en los artículos 1359 y 1360 Código Civil, en consecuencia, los abogados intimantes tienen derecho a cobrar sus honorarios profesionales. Así se decide.

   Los accionantes de autos solicitan el pago de sus honorarios profesionales, los intereses compensatorios y los intereses de mora.

   Con respecto a los intereses compensatorios y de mora no existen en virtud de que ambos naces de una acción contractual, es decir, del nacimiento de un contrato donde las partes señalan el monto a pagar objeto del contrato, los intereses compensatorios y los de mora llagado el caso, de admitir que los accionante tienen derecho a tales intereses estaríamos en una indefensión con relación a la parte contraria, ya que las partes no convinieron en ello, solo existe contrato – mandato sin indicación de pago de intereses compensatorio o de mora por el servicio profesional prestado, así se decide.

   D E C I S I O N

   En virtud de las consideraciones anteriores, este Juzgado Segundo del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de intimación de honorarios profesionales intentada por los ciudadanos M.S.C.C., N.J.E.D. y L.A.R.R. contra la empresa Cigarrera Bolívar, C.A.

   En consecuencia, se condena a la demandada a pagar:

El monto de CIENTO OCHENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 180.000,00) por concepto de honorarios profesionales demandados, y

La indexación del monto demandado, la cual se ordena calcular mediante experticia complementaria.

Se ordena la notificación de las partes conforme a las disposiciones del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza de decisión

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el archivo del tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los cuatro días del mes de julio de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

El Juez,

Abg. O.T.A.

La Secretaria,

Abg. E.C.S..

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p.m.). Conste.-

La Secretaria,

Abg. E.C.S..