Decisión de Juzgado Decimo Cuarto de Municipio de Caracas, de 19 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Decimo Cuarto de Municipio |
| Ponente | Dayana Del Valle Ortiz Rubio |
| Procedimiento | Resolucion De Contrato |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
PARTE ACTORA
JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO LA LÍNEA. APODERADO JUDICIAL: Ciudadano V.E.F.S., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-6.257.113 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 35.500.
PARTE DEMANDADA
Empresa B & C INTEGRADORES C.A., Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de septiembre de 2004, bajo el Nº 25, Tomo 969-A, en la persona de sus representantes legales, ciudadanos H.F.P. y A.R.Á., argentino el primero y venezolano el segundo, comerciantes, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos E-81.527.536 y V-9.878.655, respectivamente. No consta en autos que la parte demandada tenga constituido apoderado judicial alguno.
MOTIVO
RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Tipo de Sentencia: Interlocutoria
Materia: Civil.
AP31-V-2013-000686
-I-
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES
Admitida como fue la presente demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO intentada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO LA LÍNEA a través de su apoderado judicial V.F., en contra de la Empresa B & C INTEGRADORES C.A, este Tribunal aperturó el presente cuaderno de medidas por auto del 14 de mayo de 2013, y se instó a la parte actora a que consignara los fotostátos respectivos, a los fines de emitir pronunciamiento sobre la medida de Secuestro peticionada en el libelo de demanda.
Por diligencia de fecha 22 de mayo de 2013, la representación judicial de la parte actora consignó los respectivos fotostátos, los cuales fueron debidamente certificados y agregados al presente cuaderno, por auto de fecha 24 de mayo de 2013.
A través de diligencia de fecha 07 de junio de 2013, la parte actora solicitó al Tribunal pronunciamiento sobre la medida de secuestro.
II
DE LA PETICIÓN CAUTELAR
Del escrito libelar se desprende que la acción a que alude el presente proceso, es de resolución de contrato, fundamentando la actora su petición de medida cautelar de secuestro en los siguientes términos:
…De conformidad con lo establecido en el ordinal séptimo (7°) del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto la demanda se fundamenta en la falta de pago de los cánones de arrendamiento, solicito al Tribunal se sirva decretar medida preventiva de SECUESTRO sobre el local comercial arrendado, suficientemente descrito en autos. Pido que una vez practicada la medida se designe a mi representada como depositaria del bien…
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vista la solicitud cautelar formulada por la representación judicial de la parte actora, este Tribunal se adentra al análisis de la misma y al subsecuente pronunciamiento.
Revisada la solicitud de la accionante, se desprende que la misma contiene el pedimento de una medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la pretensión, fundamentada en los artículos 599 ordinal 7°, del Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, a los fines de fundamentar su pretensión y el decreto de la cautelar peticionada, la representación judicial de la parte demandante, consignó los siguientes instrumentos:
1) Copia certificada de poder otorgado en fecha 12 de mayo de 2003 por el ciudadano F.P. quien actúa en representación de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO LA LÍNEA, a los abogados V.E.F., CARMEN J SENIOR CARETT y C.M.C., por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual quedó inserto bajo el No. 92, Tomo 53 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría;
2) Original de documento privado de arrendamiento de fecha 31 de mayo de 2006 celebrado entre la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO LA LÍNEA como arrendadora y la Empresa B & C INTEGRADORES C.A. como arrendataria.
Ahora bien, respecto a los requisitos de procedencia para el decreto de las medidas cautelares, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
…Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama….
. (Subrayado del Tribunal).
Del contenido de la mencionada norma, se deriva que las medidas a que alude el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, serán decretadas sólo cuando exista peligro en la ejecución de la sentencia del juicio que se trate, además de que se anexe alguna prueba que arroje la posibilidad y circunstancia que atente contra el derecho que se pretende hacer valer.
El decreto de medidas cautelares debe basarse en ciertas condiciones, las cuales deben concurrir copulativamente, ellas son, la prueba de la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la que constituye el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Ahora bien, corresponde a este Órgano jurisdiccional determinar si en el presente caso se encuentran llenos los extremos necesarios para la procedencia de la cautelar peticionada: fumus boni iuris y periculum in mora, recayendo en la parte actora solicitante de la medida, la carga de la prueba en ese sentido.
En este orden de ideas, respecto al fumus boni iuris, de las actas que conforman el presente expediente, específicamente del contrato privado de arrendamiento consignado junto al libelo, (con apreciación in limine), observa este Tribunal, la existencia de la presunción del derecho que se reclama, independientemente de la procedencia de la acción incoada.
De ahí que, en el presente caso se encuentra demostrada la presunción del derecho que se reclama, primer requisito exigido en la ley adjetiva Civil, para la procedencia de la medida.
De manera que, habiéndose constatado el primero de los requisitos exigidos para el decreto de la cautelar peticionada, corresponde a este Tribunal analizar si de los instrumentos cursantes en autos se ha verificado el periculum in mora.
En ese sentido, la Sala de Casación Civil del M.T. de la República en sentencia más reciente, publicada en fecha 30 de Enero de 2008, expediente No. 06-457, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, en aplicación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, señaló lo siguiente:
…De la anterior transcripción se infiere, que el juzgador ad quem confirmó la decisión apelada por considerar que la parte solicitante de la medida cautelar no logró demostrar de manera objetiva, con el material probatorio relativo a los balances y las actas de asambleas de las empresas co-demandadas Danimex, C.A. e Industrias Danatec, C.A., que éstas estuvieren realizando actos que pudieren hacer peligrar la ejecución del fallo definitivo que se dicte en la presente causa. Y ello, está acorde con las jurisprudencias antes transcritas, en las que se señala la manera correcta de interpretar el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, haciendo hincapié en que el solicitante debe probar la necesidad de que en el proceso se decrete la aspirada cautela y debe convencer de ello al juez; y éste, con fundamento en su prudente arbitrio, verificará la certeza del gravamen o perjuicio alegado por el peticionario de la medida, para resolver si, efectivamente, quedó demostrada o no la necesidad o urgencia de la protección cautelar que se pretende…
. (Subrayado del Tribunal)
Igualmente, respecto al Periculum in mora, el profesor Ricardo Henríquez La Roche señala:
“…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inferida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase > . El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). Subrayado del Tribunal.
De manera que, en apego a lo acogido por el Alto Tribunal de la República y del análisis de la doctrina ya referida al periculum in mora, se observa que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo no podría satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras, significa que en cada caso el juez deberá ponderar si se desprenden hechos o actitudes de a quien recaiga la medida, que estén dirigidos a evitar u obstaculizar la ejecución de un posible fallo a favor de la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio.
En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que tiene que determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante de la cautelar, se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes recae la medida, si así fuere alegado por el peticionante, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto.
Ahora bien, en el presente caso el solicitante no aportó medio de prueba alguno que hiciera surgir en este Órgano Jurisdiccional la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, aunado a que, dada la brevedad del procedimiento en la causa, no observa el Tribunal que pueda verificarse una tardanza en la tramitación del juicio.
De ahí que, no habiendo demostrado la parte solicitante, la existencia de hechos desplegados por el demandado dirigidos a hacer nugatoria la posible ejecución de un fallo a favor del actor, lo procedente es negar la medida solicitada, de conformidad con el artículo 585 eiusdem y en apego a la doctrina del M.T. de la República. Así se decide.
IV
DE LA DECISIÓN
Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la medida de secuestro peticionada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO LA LÍNEA sobre un inmueble constituido por el local C-2, ubicado en la Planta Baja del Edificio La Línea, situado en la Avenida Libertador, entre Avenidas Las Palmas y Las Acacias, Parroquia El Recreo del Municipio Libertador, Caracas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la Ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años 203º y 154º.
LA JUEZA
D.O.R.
LA SECRETARIA
BLENDY BARRIOS
En esta misma fecha, previo el anuncio de Ley, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 am).
LA SECRETARIA
BLENDY BARRIOS
DOR/BB/Csperezg
AP31-V-2013-000686
