Decisión de Juzgado de Municipio Segundo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 27 de Noviembre de 2013

Que se le reconozca su condición y carácter de co-propietaria y por ende comunera de la parcela de terreno, identificada con el Número 1.005, ubicada entre las Calles Urimán y Urumaco de la Urbanización El Marques del Municipio Sucre del Estado Miranda, cuyas medidas, linderos generales y demás determinaciones constan y se evidencian en el documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre hoy Municipio Sucre del Estado Miranda, el diecisiete (17) de Agosto de mil novecientos sesenta y dos (1962), bajo el Número 40, Tomo 13, Protocolo Primero; documento éste inscrito a nombre de J.R.D.F. y derechos suyos de co-propiedad y por ende comunera que se evidencian del documento autenticado ante la Notaria Pública Tercera del Estado Miranda en fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), bajo el Número 84, Tomo 60 de los Libros respectivos, correspondiente a la primera venta contenida en dicho documento de ciento treinta y ocho metros cuadrados con cuatro centímetros cuadrados (138,04 mts2), es decir, en una proporción porcentual equivalente a veintiocho enteros con dos mil ochocientos sesenta y ocho diezmilésimas por ciento (28,2868%).

Que se le reconozca su condición de única y exclusiva propietaria de las bienhechurias edificadas sobre el lote de terreno vendido, según el tantas veces nombrado documento de compra-venta, autenticado ante la Notaria Pública Tercera del Estado Miranda en fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), bajo el Número 84, Tomo 60, bienhechurias que constituyen la denominada e identificada Quinta Chulinga, con entrada independiente por el lindero Oeste de la parcela 1.005, que da a la calle Uriman de la Urbanización El Marques del Distrito hoy Municipio Sucre del Estado Miranda y la parte alta de dicha quinta que también forma parte de la misma, que constituye objeto de la segunda venta a que se refiere el citado documento de fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), que le hiciera su hermano J.R.D.F. hoy causante del demandante y de los demandados del juicio de Partición en el cual opuso la Tercería.

A las costas y costos, inclusive honorarios profesionales de abogados.

Finalmente, valoró dicha demanda en la cantidad de Doscientos Millones de Bolívares (Bs. 200.000.000,oo), ahora DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,oo).

Alegatos de la parte demandada:

Estando formalmente a derecho los co-demandados para dar contestación, en fecha veintinueve (29) de Septiembre de dos mil cuatro (2004) comparece al Tribunal de la causa el apoderado del co-demandado L.A.D.B., único en dar contestación a la demanda de Tercería, esgrimiendo en referencia al “Thema Decidendum”, lo siguiente:

El causante de su representado fue el único propietario de la parcela Número 1005.

Negó, rechazó y contradijo que la actora haya cancelado de manera conjunta con el causante de su mandante, monto alguno por concepto de crédito hipotecario.

Negó, rechazó y contradijo lo siguiente: “…el alegato del tercero en la cual solicita y opone a mi representado instrumento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Tercera del Distrito Sucre del Estado Miranda en fecha 15 de noviembre de 1.973, bajo el No. 84, Tomo 60, por cuanto si bien es cierto el mismo emana del causahabiente de mi patrocinado, no es menos cierto que dicho instrumento no es oponible frente a terceros por carecer de uno de los elementos primordiales y esenciales que fue su registro…”

Negó, rechazó y contradijo que se reconozca derecho de propiedad alguno sobre la parcela o la construcción sobre ella, en la Declaración Sucesoral Número 933761, de fecha veintiocho (28) de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), presentada ante el Organismo competente para ello.

II

MOTIVA

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

• Promovió el documento acompañado al libelo de la demanda otorgado ante la Notaría Pública Tercera del Distrito Sucre del Estado Miranda el 15 de noviembre de 1.973, bajo el Número 84, Tomo 60, contentivo de la venta de un lote de terreno que le hiciera a mi representada el ciudadano J.R.D.F., el cual forma parte de la parcela distinguida con el Número 1005, pero se evidencia de los autos, que la actora NO fundamentó su petición libelar de acuerdo al instrumento del año mil novecientos setenta y tres (1973), sino de mil novecientos setenta y siete (1.977). En consecuencia, se desestima su pretensión probatoria por impertinente, al no guardar relación temporal con los hechos controvertidos. Así se establece.

• Promovió conforme al principio de comunidad de la prueba, la documental referida a la copia certificada de la Declaración Sucesoral Número 933761, de fecha veintiocho (28) de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), presentada ante el organismo competente (SENIAT) con la finalidad de evidenciar que no constituyó parte de la declaración “in situ”, la denominada “Quinta Chulinga” y el área de terreno que ella ocupa. A tales fines, esta Instancia Jurisdiccional le concede pleno valor probatorio, ratificando el valor probatorio otorgado a dicho instrumento, y lo da aquí por reproducido en su integridad. Así se establece.

• Inspección Judicial que promoviera la actora y que le admitiera el Tribunal de la causa. Consta en autos que dicha prueba en fecha catorce (14) de Febrero de dos mil seis (2006) el Juzgado de la causa negó la fijación de nueva oportunidad para la evacuación de la probanza, al establecer que la parte promoverte no cumplió suficientemente con su carga de impulso procesal. Por consiguiente, no hay materia sobre la cual decidir al respecto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

De las promovidas por el co-demandado J.R.D.B.:

• Promovió el Principio de la Comunidad de la Prueba y el mérito favorable de autos. Siendo criterio de esta Sentenciadora que el mérito favorable de los autos no es susceptible de valoración, ya que no constituye prueba alguna, pues resulta del análisis de todas las pruebas aportadas al proceso, las cuales pueden favorecer o no a cualquiera de las partes. Además ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que éste no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, este tribunal considera que es improcedente su admisión, y así se establece.

• Promovió la citación de la ciudadana L.R.D.F., la cual fue negada por el Tribunal de la causa por no constituir ello medio probatorio, al no encontrarse enmarcado dentro de los parámetros legales que rigen en nuestro sistema probatorio, es decir, que no puede configurarse tal actuación como defensa probatoria, tal como las posiciones juradas, porque no hubo la reciprocidad que exige el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil; tampoco se asimiló a la prueba testimonial por la carencia de indicación de domicilio del testigo; agregando a esto quien aquí suscribe que tampoco pidió el promoverte la citación de aquella, ni manifestó su voluntad de apersonar a la misma a la sede de ese Despacho a rendir declaraciones, y de haberse dado tales declaraciones, habría sido una evidente e innecesaria dilación procesal, porque la contraparte del promoverte expondría sus dichos de modo parcializado, dado el vínculo de afinidad existente entre las partes, no negado por alguno de ellos, que haría inalcanzable valoración probatoria alguna de ese medio. Todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 478, 480, 481 en su ordinal 1º, 482, 483 en su encabezado, todos del Código de Procedimiento Civil. Por lo señalado, se confirma la negativa en la admisión de la pretendida defensa aquí analizada. Así se establece.

• Promovió la exhibición de un documento o instrumento. El Tribunal de la causa desecho esa prueba, al no indicarse con exactitud el instrumento sobre el cual versaría ese medio de prueba, en razón de ello establece esta sentenciadora que efectivamente el artículo 436 del Código Adjetivo indica cuales son los requisitos para la procedencia de la admisión de ese medio probatorio, que en modo alguno fueran satisfechos por el promoverte, lo que se evidencia de una simple lectura de su escrito de promoción de pruebas, razón por la que se confirma esa apreciación. Así se establece.

• Sobre la diligencia del co-demandado tendiente a su “ampliación” probatoria, mediante la cual a decir del Tribunal de la causa se trajo al juicio principal el informe del partidor sobre la causa principal, y que admitiera salvo su apreciación en la definitiva, si bien es cierto lo admitió dicho Juzgado por considerar que incide en aquellas actuaciones, sin embargo, a tenor de lo establecido en ordinal 1º del Artículo 370 del Código de Procedimiento Civil la información que aporte el partidor no es vinculante a los efectos de dilucidar los hechos controvertidos en la presente tercería. Por ello se desestima por impertinente. Así se establece.

De las promovidas por el co-demandado L.A.D.B.:

• Reprodujo el mérito favorable de autos. Siendo criterio de esta Sentenciadora que el mérito favorable de los autos no es susceptible de valoración, ya que no constituye prueba alguna, pues resulta del análisis de todas las pruebas aportadas al proceso, las cuales pueden favorecer o no a cualquiera de las partes. Además ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que éste no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, este tribunal considera que es improcedente su admisión, y así se establece.

• El mérito del contenido del Artículo 1.924 del Código Civil, que esta sentenciadora desecha de toda valoración, por cuanto, como se expuso tales afirmaciones no constituyen medios probatorios establecidos en la Ley Adjetiva. Así se establece.

De las promovidas por la co-demandada A.J.D.B.:

• Reprodujo el mérito favorable de los autos que se desestima por no constituir un medio de prueba que pueda demostrar o desvirtuar los hechos controvertidos, además que la suscrita Jueza, como decisora se rige por el Principio de Exhaustividad en cuanto se refiere a la materia probatoria, según el postulado contemplado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

• Promovió la documental consistente en copia certificada de la Declaración Sucesoral Número 933761, de fecha veintiocho (28) de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), presentada ante el organismo de la administración pública competente para ello (S. E. N. I. A. T.). Dicho instrumento, si bien es valorado por esta Instancia Jurisdiccional, no es considerado de modo concurrente con la apreciación que le da la parte promovente, ya que de una lectura que se efectúa al instrumento de marras, se evidencia que la declaración rendida lo es conforme al metraje restante, implica ello la exclusión de la denominada “Quinta Chulinga” y el área sobre la cual ésta se ubica, tal y como lo hiciera valer la actora tercerista en su libelo, pues, efectivamente se reconoce la venta de los bienes objeto de tercería, a favor de parte actora, al enmarcarse dentro de los mismos datos suministrados en el libelo de tercería, es decir, en los elementos de autenticación del instrumento conforme al cual ésta invocó el derecho que pretende hacer valer en este juicio, instrumento que se encuentra debidamente autenticado ante la “…Notaría Pública Tercera del Estado Miranda, en fecha 15 de noviembre de 1977, bajo el No. 84, Tomo 60...” –Subrayado de este Juzgado–.. Cabe destacar, que la apreciación anterior, no guarda relación con la argumentación tangencial del representante legal del codemandado L.A.D.B., por estar fuera del ámbito controvertido, y quien fuera el único en dar contestación a la demanda de Tercería, cuando en dicha oportunidad negó, rechazó y contradijo “…el alegato del tercero en la cual solicita y opone a mi representado instrumento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Tercera del Distrito Sucre del Estado Miranda en fecha 15 de noviembre de 1973…” -resaltado de este Tribunal-, ya que puede leerse que no hay relación temporal entre el año del instrumento que hace valer la actora (1977) para con el que fuera objeto de negación, rechazo y contradicción de ese co-demandado (1973). De acuerdo a las apreciaciones expuestas, debe forzosamente este Juzgado darle valor probatorio al instrumento en referencia, por cuanto el mismo constituye uno de aquellos denominados “documentos públicos administrativos”, que son expedidos por funcionarios competentes para dar fe de su contenido y gozan de la presunción “juris tantum”, es decir, que al estar suscrito por un funcionario administrativo que ha sido debidamente autorizado para dar fe de lo que allí emana, este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, todo de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 1.363 del Código Civil, al asemejarse su valoración al de los documentos auténticos, por cuanto la verdad de la declaración contenida en dicho documento hace fe hasta prueba en contrario. Así se establece.

PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL OBSERVA:

Vista la anterior demanda de Tercería en el Juicio de Partición de Herencia incoada por la ciudadana L.R.D.d.F. contra los ciudadanos L.A.D.B., A.J.D.B. y J.R.D.B., este Juzgado pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Observa esta Juzgadora que la actora fundamenta su demanda de tercería conforme a lo dispuesto en el artículo 370, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, porque adquirió a través de compra venta efectuada con el hoy de cujus J.R.D.F., quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Número 1.718.867 y causante de los hoy co-demandados, un inmueble constituido por una parcela de terreno. Aunado a ello, alegó la actora que existieron y aún persisten hasta la fecha, impedimentos para la protocolización de dicho instrumento de venta, porque: “…al ser presentado en la Oficina de Registro correspondiente, se nos informó que el mismo no se podía protocolizar por cuanto se trataba de una división entre particulares de una parcela de terreno unifamiliar y así constaba en el documento original, razón por la cual se requería una autorización de Catastro e Ingeniería Municipal para proceder al correspondiente registro y división de esta parcela…”, según se lee al folio dos (2).

También señaló la actora que el vendedor, quien en vida fuera su hermano y ahora causante de la sucesión entre los aquí co-demandados, al fallecer en fecha doce (12) de Junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) merma aun más la posible protocolización, por lo que se vio en la necesidad de instaurar Acción Mero Declarativa en contra de los hoy co-demandados, en fecha veinte (20) de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y que fue admitida el veinticuatro (24) de Enero de dos mil (2000), que tales actuaciones reposan en el archivo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito (ahora también con competencia Bancaria) como Tribunal de la causa en ese juicio entre las mismas partes.

De igual manera, esgrimió la accionante que en fecha quince (15) de Marzo de dos mil tres (2003) se apersonó en su hogar (Quinta “Chulinga”), el ciudadano O.Z.Z., identificándose éste como Partidor en la causa principal, en la que a decir de éste se incluyen en dicha causa parte de la parcela Número 1005 y las bienhechurías sobre ella construidas que constituyen la “Quinta Luisita”.

Ahora bien, analizadas como han sido las afirmaciones de hecho y de derecho y los respectivos medios probatorios aportados por las partes al proceso, bien puede establecer esta Juzgadora que la tercerista accionante logró demostrar, conforme al principio de comunidad de la prueba, que mediante la documental referida a la copia certificada de la Declaración Sucesoral Número 933761, de fecha veintiocho (28) de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), presentada ante el Organismo competente (S. E. N. I. A. T.), aportada a los autos por la co-demandada A.D.B., que efectivamente el inmueble constituido por la Quinta “Chulinga” y el lote de terreno sobre el cual ella se encuentra construida, se encontraban fuera del ámbito patrimonial del causante de los ahora co-demandados, por lo que éstos en modo alguno pueden pretender que se les acuerde un derecho sobre el patrimonio del de cujus que había salido de manos de éste, sin que exista elementos que puedan hacer apreciable que dicha negociación sea ineficaz frente a los co-demandados, quienes a pesar de invocar la titularidad protocolizada que tuviera el de cujus, no pueden evadir los efectos legales de las negociaciones que en vida hiciera su causante, menos aun pueden considerarse terceros, siendo ellos precisamente los inmediatamente llamados a sucederle. Implica ello a su vez, que frente al consentimiento otorgado por el de cujus, quedan sujetos sus herederos a las consecuencias jurídicas que consagran las normas contenidas en el artículo 1.161 y 1.163, ambos del Código Civil, que establecen lo siguiente: Artículo 1.161: “En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se transmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado”. Artículo 1.163:”Se presume que una persona ha contratado para sí y para sus herederos y causahabientes, cuando no se ha convenido expresamente en lo contrario, o cuando no resulta así de la naturaleza del contrato”.

No está demás señalar que este Tribunal luego de una lectura exhaustiva del libelo que diera inicio al Juicio de Partición Hereditaria, también fuera reconocida la traslación de derechos y cuyos datos de autenticación fueron los que hizo valer la accionante. Además, en dicha causa inicial considera quien suscribe que en ningún momento estuvieron en litigio los bienes que dieran origen a esta Tercería, y que ello tuvo lugar en la oportunidad en la cual intervino el ciudadano Partidor, quien tendió a unificar las dos bienhechurías y el terreno sobre el que se ubican ellas, a partir de los efectos registrales, a pesar de haber operado una traslación de derechos o tradición que surte efectos no frente a terceros, pero sí frente a los herederos del vendedor, que son aquí co-demandados. Así se decide.

III

DISPOSITIVA

En mérito a todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR la demanda que por PARTICIÓN DE HERENCIA (TERCERÍA) incoara la ciudadana L.R.D.D.F. contra los ciudadanos L.A.D.B., A.J.D.B. y J.R.D.B..

Se le tiene reconocida a la ciudadana L.R.D.D.F., su condición y carácter de co-propietaria y por ende comunera de la parcela de terreno, identificada con el Número 1.005, ubicada entre las Calles Urimán y Urumaco de la Urbanización El Marques del Municipio Sucre del Estado Miranda, cuyas medidas, linderos generales y demás determinaciones constan y se evidencian en el documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre hoy Municipio Sucre del Estado Miranda, el diecisiete (17) de Agosto de mil novecientos sesenta y dos (1962), bajo el Número 40, Tomo 13, Protocolo Primero; documento este inscrito a nombre de J.R.D.F. y derechos suyos de co-propiedad y por ende comunera que se evidencian del documento autenticado ante la Notaria Pública Tercera del Estado Miranda en fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), bajo el Número 84, Tomo 60 de los Libros respectivos, correspondiente a la primera venta contenida en dicho documento de ciento treinta y ocho metros cuadrados con cuatro centímetros cuadrados (138,04 mts2), es decir, en una proporción porcentual equivalente a veinte y ocho enteros con dos mil ochocientos sesenta y ocho diezmilésimas por ciento (28,2868%).

Se le tiene reconocida a la ciudadana L.R.D.d.F. su condición de única y exclusiva propietaria de las bienhechurias edificadas sobre el lote de terreno vendido, según el tantas veces nombrado documento de compra-venta, autenticado ante la Notaria Pública Tercera del Estado Miranda en fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), bajo el Número 84, Tomo 60; bienhechurias que constituyen la denominada e identificada Quinta Chulinga, con entrada independiente por el lindero Oeste de la parcela 1.005, que da a la calle Urimán de la Urbanización El Marques del Distrito hoy Municipio Sucre del Estado Miranda y la parte alta de dicha quinta que también forma parte de la misma, que constituye objeto de la segunda venta a que se refiere el citado documento de fecha quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), que le hiciera su hermano J.R.D.F..

Remítase el presente expediente contentivo del Cuaderno de Tercería al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por guardar relación con la causa principal, a los fines de que practiquen las Notificaciones del presente fallo a las partes, conforme a lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, y una vez vencido el lapso éstas ejerzan los recursos que creyeren convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses.

Se condena en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, REMITASE y NOTIFÍQUESE.

Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZ,

C.D.V..

LA SECRETARIA,

D.P.P..

En esta misma fecha siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se registró y publicó la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

D.P.P..

Nº Exp: 12-0041 (tercería) (Tribunal Itinerante)

Nº Exp: AH1C-X-2003-000142 (Tribunal de la Causa)

CDV/dpp/lz