Decisión nº 11 de Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 30 de Noviembre de 2010

En cuanto a los hechos admitidos por las partes que el día 30 de agosto del 2009, se produjo un accidente de tránsito objeto de esta demanda; que el vehículo conducido por el demandante marca chevrolet, modelo Monte Carlo, año 1981, placa MBY-90R, circulaba al momento del accidente por la calle 12 del sector Sierra Maestra del Municipio San F.d.E.Z., en sentido norte-sur tal y como lo expresa la parte actora en la reforma del libelo. Que las actuaciones administrativas de T.T., su representada acepta como ciertos tales hechos; que el vehículo asegurado marca Renault, modelo Twingo Free, año 2008, placa AA568DV, al momento del accidente circulaba por la Avenida 18 del sector Sierra Maestra del Municipio San F.d.E.Z., en sentido este-oeste tal y como lo expresa la parte actora en el folio 26 de su reforma del libelo; que es un hecho aceptado por ambas partes que el sentido de circulación de la calle 12 es de norte a sur y que el sentido de circulación vehicular de la mencionada Avenida 18 es de este a oeste y que vehículo asegurado al momento del accidente de tránsito que motiva la presente causa se encontraba amparado por una póliza de Responsabilidad Civil de Vehículo N° 01-32-236686, la cual establece una cobertura máxima por daños a cosas por la cantidad de dieciocho mil trescientos quince bolívares con 00/100 (Bs. 18.315,oo).

En cuanto a los hechos controvertidos negó, rechazó y contrajo que el vehículo conducido por el demandante A.J.M.P. sea de su propiedad pues sólo presenta un documento autenticado de compra-venta sin consignar el Certificado de Registro de Vehículo de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; que el actor no está legitimado para solicitar la reclamación de los supuestos daños causados al vehículo que dice ser de su propiedad según el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre. Rechazó que el accidente de tránsito se haya producido debido a la imprudencia del conductor del vehículo asegurado y que su representada deba al demandante la cantidad de veinte mil seiscientos bolívares (Bs. 20.600,oo) por concepto de daños emergentes ni ninguna otra cantidad de dinero derivada del accidente de tránsito; y último rechazó que los supuestos daños antes mencionados hayan quedado demostrados con el acta de avaluó de daños practicada por un experto avaluador del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Francisco (POLISUR).

En cuanto al análisis probatorio de las pruebas aportadas en el proceso por la parte actora indicó que, se limitó a expresar en su reforma del libelo de demanda que su representada le adeuda la cantidad de veinte mil seiscientos bolívares (Bs. 20.600,oo) sin expresar ni discriminar el origen de tales daños, ni porque fueron cuantificados de esa manera, sin indicar fundamento alguno de ellos, limitándose sencillamente a expresar que tales daños han sido demostrados con un único medio probatorio, constituido por un acta de avaluó de daños practicado por un experto avaluador del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Francisco (POLISUR), el cual expresa que los supuestos daños ocasionados al vehículo conducido por el demandante alcanzan la cantidad de ocho mil seiscientos bolívares (Bs. 8.600,oo) que dicha prueba no es útil ni conducente, pues no sirve para que este Juzgador llegue a la convicción de los supuestos daños reclamados; ni mucho menos demuestran la existencia de la obligación reclamada. Invocó los artículos 1354 del Código Civil en concordancia con el segundo aparte del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Que la parte actora no acompañó ninguna prueba que de manera directa ó indirecta logre probar los supuestos daños reclamados y se conforma con la consignación de un avaluó de daños que no cumple con los requisitos mínimos en el procedimiento oral para que tenga pleno valor probatorio pues rompe con el principio de inmediación ya que es una prueba que se practica y se evacua fuera del proceso, violenta el principio del contradictorio de la prueba de su representada pues nunca se le dio la oportunidad de impugnar el avaluó practicado a sus espaldas y además rompe con el principio ratificatorio de la prueba pues el experto avaluador de quien se desconoce su nombre debió ser promovido como testigo en el libelo de demanda para que en la audiencia ratificara el contenido de su avaluó y la contraparte como la Jueza pudieran hacer las observaciones pertinentes; asimismo tal prueba plantea una disconformidad entre los daños demandados y los montos que expresa y que al ser consignada como el único medio probatorios de los mencionados daños es manifiestamente inconducente.

En relación a las pruebas aportadas, ratificó todos y cada uno de los instrumentos que su representada MERCANTIL SEGUROS C.A., consignó marcados con los números del uno (1) al cinco (5); a saber: instrumento poder, cuadro póliza recibo de prima, actuaciones administrativas de t.t., reclamación de responsabilidad civil de vehículos y condicionado de la póliza.

Anuncio promover la prueba de inspección judicial a tenor de lo establecido en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 16 de julio de 2010, el Tribunal fijó los hechos y los límites dentro de los cuales quedó trabada la controversia y concluyó que son hechos no controvertidos la suscripción de la p.l.h. esbozados en las actuaciones de tránsito y el accidente.

-VIII-

PUNTO PREVIO

La parte demandada opuso como defensa de fondo conforme a lo establecido al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la falta de cualidad de la parte actora para intentar la demanda; que el demandante A.J.M.P. afirma su derecho de propiedad sobre el vehículo que conducía al momento del accidente de tránsito objeto de la presente demanda, derivado de un documento autenticado de compra-venta suscrito entre el demandante y un tercero, autenticado por ante la Notaría Pública de San Francisco, el día 30 de marzo de 2009, el cual quedó anotado bajo el No. 6, Tomo 37 de los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría; señaló que en cuanto a la cualidad de propietario en materia de t.t., la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 71, expresamente señala: “Se considera propietario o propietaria quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras como adquirente, aún cuando lo haya adquirido con reserva de dominio”; que los contratos de compra-venta de vehículos deberán cumplir con la formalidad de inscripción por ante la respectiva Oficina de Registro Nacional de Vehículos y Conductores, a fin de que dicha compra-venta pueda ser oponible frente a los terceros ajenos a la relación contractual; que aún en el ilusorio intento de querer alegar el carácter consensual de las ventas traslativas de propiedad contenido en el artículo 1.161 del Código Civil el cual establece que en los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se transmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; destacó que la disposición legal antes descrita tiene una limitación muy importante respecto de los efectos frente a terceros, ya que el mismo cuerpo legal en su artículo 1.920 establece que además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o hechos susceptibles de hipoteca y que en concordancia con el artículo 1.924 del mismo Código los documentos, actos y sentencias que la ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registradas, no tienen ningún efecto contra terceros; que el artículo 21 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, en su numeral 2, incluye a los automóviles dentro de esos otros bienes susceptibles de hipoteca a los cuales se refiere el artículo 1.920 del Código Civil.

Alegó que el Código de Procedimiento Civil Italiano en su artículo 81 señala: “Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, no se puede hacer valer en juicio, en nombre propio un derecho ajeno”. Que esta importantísima disposición legal que acoge el Principio de la Legitimatio ad Causam, es recogida de manera idéntica por nuestro legislador en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; que del principio de la Legitimatio ad Causam anteriormente señalado doctrinariamente se ha dicho que: “…se deduce que para obrar o contradecir en juicio es necesario que las partes afirmen ser titulares activos y pasivos de la relación material controvertida y pidan al juez una decisión de mérito sobre la misma…” (RENGEL ROMBERG, A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano Vol. II. Caracas. Editorial Arte. Segunda Edición. 1.992. p. 28).

Señaló que los efectos jurídicos que deben atribuirse al simple contrato de compra-venta autenticado que acompañó la parte actora junto con su libelo están determinados por el principio de relatividad, el cual está contenido en diversas legislaciones en materia civil. Así, el artículo 1.372 del Código Civil italiano, establece: “...il contratto non produce effetto rispetto ai terzi...”, es decir: “El contrato no produce efectos respecto a terceros” (traducción del demandado). El artículo 1.257 del Código Civil Español, establece: “Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan...”. El artículo 1.165 del Código Civil francés, establece: “Les conventions n´ont d ´effet qu´entre les parties contractantes...” es decir: “El contrato no produce efectos más que entre las partes contratantes” (traducción del demandado). El artículo 1.363 del Código Civil Peruano, establece: “Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan...”.

Esgrimió que semejante disposición también se encuentra plasmada en nuestro Código Civil en su artículo 1.166, el cual expresa: “Los contratos no tiene efecto sino entre las partes contratantes; no dañan ni aprovechan a los terceros...”.

Adujo que las normas transcritas se refiere a lo que se ha denominado en la Teoría General del Contrato, como el principio de relatividad de los contratos o el efecto relativo de los contratos; este principio significa que únicamente los contratantes y las personas que por ley se les equiparan, llegan a ser acreedores y deudores en virtud del contrato. Este principio corresponde a la lógica del efecto creador de un vínculo de obligación del contrato. El contrato descansa sobre la voluntad de las partes. Por lo tanto, sólo puede crear derechos y obligaciones en beneficio y en contra de quienes han convenido en su celebración; quienes no han dado su voluntad, esto es, los terceros por oposición a las partes, no podrán llegar a ser acreedores o deudores en virtud del contrato. El principio del efecto relativo de los contratos es una consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad.

Alegó que esa es una regla elemental del sentido común y es a la vez una protección necesaria a la libertad de los sujetos de derecho. Todos los sistemas jurídicos admiten el principio de la relatividad de las convenciones, hasta el punto que se puede pensar que se trata de un principio universal, que no sólo se encuentra en los sistemas jurídicos civilistas, sino también en los del common law (privaty of contract). (Cfr. Larroumet, Christian. Droit Civil. Les Obligations. Le contrat. 2 éme édition. T. III. París. Edit. Económica. 1990. p. 190ss).

Invocó que interesa al Estado que, quien ha celebrado un contrato de compra-venta sobre un vehículo pueda oponer su derecho de propiedad frente a terceros, y para ello ha establecido una formalidades esencial para que dicho contrato sea oponible, tal formalidad es la inscripción ante la Oficina de Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras; que la oponibilidad de un contrato de compraventa de un vehículo frente a terceros, ajenos a la relación contractual, está supeditada al cumplimiento de una formalidad de publicidad, cuyo cumplimiento garantiza la seguridad jurídica.

Que sólo el propietario del vehículo; quien figure como tal en el certificado de registro al momento del accidente en virtud de la inscripción en el Registro respectivo, es quien está legitimado para exigir la indemnización de los daños sufridos como consecuencia de un accidente de tránsito en el que estuviese involucrado tal vehículo, y que el demandante A.J.M.P. no tiene legitimación a la causa, pues pretende ejercer en nombre propio un derecho ajeno, al no poder oponerle la supuesta cualidad de propietario del vehículo objeto de este proceso, siendo que únicamente tiene la cualidad de propietario; y por tanto, está legitimado en la causa, quien figure como adquirente en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras al momento de la producción del accidente, por lo que solicitó declare con lugar y a favor de su representada, la falta de legitimidad del actor para ser parte en el presente proceso y en consecuencia deberá producirse una sentencia de rechazo, sin entrar a considerar el fondo de la controversia.

El Tribunal para resolver observa:

Planteada la incidencia anterior, esta Operadora de Justicia somete a consideración la defensa referente a la falta de cualidad alegada para con el accionante de autos, conforme a Ley, la doctrina y la jurisprudencia que se han establecido al respecto. En el orden doctrinal y jurisprudencial, la capacidad de las personas a las cuales corresponde perseguir aquellas pretensiones o defenderse de ellas, se requiere tener cualidad (legitimatio) y la cualidad en sentido procesal ha señalado el Maestro Loreto, expresa una relación de Identidad lógica entre la persona del actor concretamente considerado y la persona del demandado concretamente considerado y la persona abstracta, a quien la ley le concede la acción, y de identidad lógica entre la persona del demandado concretamente considerado.

Es interesante observar en el orden procesal la aplicación del vocablo “cualidad”, para con las partes en juicio, éste se identifica con el derecho para ejercer determinada acción, esto es, el derecho de pedir, distinto al derecho que se reclama por así establecerlo la Ley en el contexto del derecho común.

La cualidad en el sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación, la cual denota la vinculación del actor y el demandado a un deber jurídico, éste ubicado en el campo del derecho público o privado. Tanto el actor como el demandado tienen la capacidad procesal, ya que comparecen en juicio, lo cual es independiente del vocablo “cualidad”. Ese derecho para ejercer determinada acción se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referente al acceso a la administración de justicia para hacerla valer y obtener tutela jurídica efectiva y oportuna respuesta, en base al interés jurídico que puntualiza el artículo 16 del Código Procesal Adjetivo.

F.C., afirma que: La capacidad es la expresión de idoneidad de la persona para actuar en juicio, inferida de sus cualidades personales, entre tanto la legitimación representa, en cambio dicha idoneidad inferida de su posición respecto del litigio.

Respecto al alegato de la parte demandada referente a la propiedad del vehículo, cabe señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA en fecha 19 de noviembre de 2002, reiteró que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el Registro Nacional de Vehículos y dijo:

“…El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en su sentencia del 19 de junio de 2001, la cual es objeto de la presente apelación, luego de hacer una serie de consideraciones, concluyó que, la forma de demostrar el derecho de propiedad de los vehículos automotores es, con la acreditación registral emanada del Registro Nacional de Vehículos. Acerca de cómo demostrar la titularidad del derecho de propiedad sobre vehículos automotores, ha tenido esta Sala oportunidad de pronunciarse en sentencia Nº 1197 del 6 de julio de 2001 (caso C.E.L.A.) y posteriormente en sentencia Nº 1544 del 13 de agosto del mismo año, en las cuales dispuso: “...todo régimen de publicidad registral en principio, es inaplicable a los bienes muebles corporales, en virtud de que la posesión de buena fe vale título, pero sin embargo, el legislador ha previsto en algunos casos que determinados bienes muebles deban cumplir con ese régimen de publicidad, dada la ´...necesidad de dotar de certeza ciertos negocios jurídicos y de hacer posible a los terceros el conocimiento del contenido de esos negocios, en particular aquellos que condicionan la transferencia del dominio y la constitución de garantías y derechos reales limitados, ha alimentado la tendencia, en los ordenamientos jurídicos actuales, de hacer extensible a ciertos bienes muebles los sistemas de publicidad registral, reservados en las legislaciones tradicionales a los bienes inmuebles...´. (Gert Kummerow, ‘Compendio de Bienes y Derechos Reales’, 1992, Paredes Editores, pág. 67). Entre esos bienes muebles corporales sujetos al régimen de publicidad registral, encontramos a los vehículos automotores. Por ello, la Ley de T.T., establece lo siguiente: ´Artículo 11. A los fines de esta Ley, se considerará como propietario a quien figure en el Registro Nacional de Vehículos como adquirente, aún cuando haya adquirido con reserva de dominio.´ (subrayado de la Sala). ´Artículo 9. El Registro Nacional de Vehículos será público, con las limitaciones que establece esta Ley y su Reglamento. Los actos inscritos en él, tendrán efectos a terceros...omissis...´ (subrayado de la Sala). Igualmente, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de T.T. establece: ´Artículo 78. El Registro Nacional de Vehículos será público y en él se incluirán el conjunto de datos relativos a la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos, así como todo acto o contrato, decisión o providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de la propiedad, dominio u otro hecho real principal o accesorio sobre los vehículos, para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros´ (subrayado de la Sala). De los artículos precedentemente citados, se observa que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el Registro Nacional de Vehículos (Subrayado de ese fallo)”.”…

Por su parte, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de julio de 2002, con ponencia del magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ estableció que es contradictorio que luego de apreciar en todo su valor probatorio el expediente administrativo cursante en autos, el sentenciador concluya que no existen pruebas dirigidas a probar la condición de propietarios y a tales efectos señaló:

…En segundo lugar, con respecto a la falta de cualidad de los accionados Transagro, C.A., Amad Naffah Naffah y Fundación Naffah, el sentenciador de la recurrida contradictoriamente en la dispositiva concluyó que no constaba en autos prueba alguna de que éstos sean propietarios de alguno de los vehículos involucrados en el accidente de marras, cuando ha podido evidenciar esta Sala que la propia sentencia recurrida en un capítulo de su decisión titulado “pruebas cursantes en autos” apreció en todo su valor probatorio el expediente administrativo Nº 369-201292 levantado por las autoridades de T.T. (folios 7 al 18). En dicho expediente constan los datos de identificación de los propietarios, para el momento del accidente de los vehículos intervinientes y específicamente en referencia al vehículo marca Mack, modelo Chuto, Placa 496-MAG, se indica que el mismo pertenece a la sociedad mercantil Transagro y además en el folio doscientos sesenta y siete (267) de la propia recurrida, fue valorada la prueba de certificación de datos emanada de la Dirección de Registro del Servicio Autónomo de Transporte y T.T., del Ministerio de Infraestructura, en donde consta que la sociedad mercantil Transagro C.A para 28 de junio de 2000, es propietaria del vehículo Chuto, Marca Mack, participante en el accidente y el ciudadano Amad Naffah Naffah es propietario del montacarga Marca Inca también involucrado. Por otra parte, en la propia recurrida, específicamente, en el folio doscientos sesenta y cinco (265) y doscientos sesenta y seis (266) se analizaron y valoraron pruebas que condujeron al sentenciador a apreciar que de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la Fundación Naffah es poseedora de todas las acciones de la sociedad mercantil Transagro, C.A., por lo tanto, es contradictorio que luego de valorar las pruebas antes indicadas el sentenciador de la recurrida concluya que no existen pruebas en autos dirigidas a probar la condición de propietarios de los accionados y que en consecuencia los mismos no tienen cualidad pasiva para ser demandados en la presente causa.”…

Asimismo establecen los artículos 38, 71, 170 y 192 de la Ley de Transporte Terrestre que:

Artículo 38:

El Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, será público, sólo los actos inscritos en el mismo surtirán efectos frente a terceros, así como las certificaciones de éstos que emita el Instituto…”

Artículo 71: Se considera propietario o propietaria quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras como adquirente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio.”

En cuanto a las sanciones menos grave pauta el artículo 170.

Serán sanciones con multas de cinco Unidades Tributarias (5 U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, quienes incurran en las siguientes infracciones:

… “…2. No haber realizado el respectivo trámite del vehículo ante el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras.”…

En lo atinente a la responsabilidad civil por accidente de tránsito el artículo 192 pauta:

El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores o las conductoras tiene igual responsabilidad civil por los daños causados.

Establecen los artículos 82, 98 y 99 numeral 7 del Reglamento de la Ley de T.T. que:

Artículo 82: “El Ministerio de Transporte y Comunicaciones sólo tramitará el registro de un vehículo previa verificación del documento que acredite la adquisición original del mismo: 1) Certificado de Origen y factura o documento de compra proveniente de un fabricante, ensamblador o agencia distribuidora de vehículos. 2) Documentos de importación, planilla de liquidación de los derechos correspondientes y título, certificado de título o cualquier otro documento válido que acredite la adquisición original del mismo, de ser éste el caso. 3) Cualquier otro documento que en forma fehaciente demuestre la adquisición original del vehículo.”…

Artículo 98: “Es requisito indispensable para la inscripción del traspaso de propiedad de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos que el vehículo se encuentre registrado y que el cambio de propiedad conste en un documento debidamente autenticado por ante una Notaria Pública o bien por ante una Oficina Subalterna de Registro ó en documento público cuando la propiedad provenga de acto de remate, otro acto judicial o cualquier otra causa legítima.”

Artículo 99: “Para la inscripción del traspaso de propiedad de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos, el propietario deberá:”… “…7) Consignar los documentos que acrediten el cambio de propiedad.”…

Ahora bien, con vista a las jurisprudencias antes citadas, la doctrina referencial y las normas que regulan la materia, observa este Tribunal que junto con el escrito libelar la parte actora consignó copia certificada emanado del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Francisco, División Tránsito, contentiva del informe del accidente de tránsito, levantamiento de croquis del accidente, versiones de ambos conductores, acta policial y acta de avalúo, actuaciones que cursan en el expediente administrativo Nº 1698-09. Fundamentó dicha prueba en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.357 del Código Civil, la cual tiene por objeto demostrar la existencia del accidente de tránsito, así como el sentido en el cual se desplazaban los vehículos, el lugar de impacto, la existencia de señales de pare, los datos de identificación de los propietarios y conductores de los vehículos y la existencia de los daños ocasionados al vehículo. Estas pruebas fueron promovidas por la parte demandada según consta a los folios 75 al 79 del expediente, por lo que este Tribunal en fecha 17 de septiembre de 2010, admitió dichas probanzas y les otorgó valor probatorio por emanar de un funcionario competente según la jurisprudencia reiterada que el acto administrativo es aquel que contiene una declaración de voluntad, conocimiento, juicio y certeza, emanado de un funcionario competente con arreglo a las formalidades del caso, destinado a producir efectos jurídicos. Respecto a su valor probatorio, se ha indicado que constituye una categoría intermedia entre los documentos públicos y los privados, por lo que debe ser equiparado al documento auténtico, el cual hace o da fe pública hasta prueba en contrario, pudiendo constituirse en plena prueba, y por cuanto dichas actuaciones fueron expresamente aceptadas por la parte demandada, este Tribunal tiene como cierto que el día 30 de agosto de 2009, en la avenida 18 con calle 12 del Barrio Sierra Maestra, en Jurisdicción de la Parroquia F.O.d.M.S.F.d.E.Z., hubo una colisión entre los vehículos 1 y 2 identificados en autos, cuyos conductores fueron los ciudadanos J.R. y A.J.M.P., actuaciones que indican las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los vehículos al momento del accidente.

Asimismo riela a los folios 5 al 8 del expediente, documento de compraventa autenticado por ante la Notaria Pública de San F.d.E.Z., de fecha 30 de marzo de 2009, el cual quedó anotado bajo el No. 06, Tomo 37 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria. En el transcurso del proceso la parte demandada cuestionó la cualidad de la parte actora. Este instrumento no fue impugnado ni tachado por la parte demandada en el acto de la contestación, por lo que, el Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil. En consecuencia, este Juzgado aprecia que el ciudadano A.J.M.P., mediante un documento autenticado acreditó el cambio de propiedad de un vehículo marca Chevrolet; modelo Monte Carlo; color azul; año 1981; clase automóvil; tipo Coupe; uso particular; placa MBY90R; serial de carrocería 1G1AZ37K2BR413189; serial del motor 06 Cil, y así se decide.

Así las cosas, merece especial atención señalar que un proceso no debe instaurarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o intereses jurídicos controvertidos en la posición subjetiva de legítimos contradictores, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación. La regla general en esta materia puede formularse así: la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa), y la persona quien se afirma la existencia de ese interés; en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). Por tanto, no hay que confundir la legitimación con la titularidad del derecho controvertido. La titularidad del derecho o interés jurídico controvertido, es una cuestión de mérito cuya existencia o inexistencia dará lugar, en la sentencia definitiva, a la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda; mientras que el defecto de legitimación da lugar a una sentencia de rechazo de la demanda por falta de legitimación, sin entrar el juez en la consideración del mérito de la causa.

Ahora bien, de autos se evidencia que el actor conducía el vehículo signado con el No. 2, según consta de las actuaciones administrativas que corren insertas en las actas procesales y con vista a que existe una presunción que hubo un cambio de propiedad que consta en un documento autenticado por ante la Notaria Pública antes citada, sin que la parte demandada haya desvirtuado tal hecho, este Tribunal considera que el actor en el orden procesal tiene cualidad para interponer el presente juicio, pues éste se identifica con el derecho para ejercer determinada acción conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Transporte Terrestre, esto es, el derecho de pedir que le concede la propia ley, pues el actor como conductor tiene legitimidad para demandar la responsabilidad civil por accidente de tránsito por los daños ocasionados, pues existe una expresa relación de identidad lógica entre la persona del actor concretamente considerado y la persona del demandado concretamente considerado y la persona abstracta, a quien la ley le concede la acción, y de identidad lógica entre la persona del demandado concretamente considerado, por lo que queda entendido que la legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que, en condición de demandante, reclame al respectivo órgano judicial la resolución de sus pretensiones con fundamento en derecho y así lo advirtió la Sala Constitucional en sentencia Nº 5007 del 15 de diciembre de 2005, caso: A.S.C., que la legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, entonces carece de cualidad activa. La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial y así se decide.

En consecuencia, se declara sin lugar la defensa invocada por la parte demandada conforme a lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de cualidad del actor para ser parte en el presente proceso, por disposición del artículo192 de la Ley de Transporte Terrestre y así se decide.

-IX-

DE LAS PRUEBAS

La parte demandante promovió junto con el escrito libelar las documentales analizadas en el capítulo anterior. Invocó el mérito que en su beneficio se desprende de las actas procesales, de conformidad con los principios que informan el régimen de las pruebas. En cuanto al mérito, el Tribunal observó en su oportunidad procesal que tal alegato no constituye medio probatorio de los que expresamente están contenidos en el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil, según la sentencia emanada de la Sala de Casación Social del 10 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, expediente No. 03287, Págs. 642 y 643, Tomo 7, Año IV, julio 2003, de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, O.R.P.T.. La solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, por lo que, este Juzgado inadmitió dicho alegato, por no ser un medio probatorio susceptible de valoración.

En cuanto a las testimoniales juradas de los ciudadanos L.D.C.P.P. y E.G.G.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.438.047 y 14.497.276, respectivamente, de este domicilio, promovidas por la parte actora y evacuadas en la audiencia de debate oral, el Tribunal observa:

La ciudadana L.D.C.P.P., previo el juramento de ley, rindió declaración de la siguiente manera: Primera pregunta: Diga usted en que sentido se trasladaba el vehículo marca chevrolet, modelo Monte Carlos, el cual venía usted a bordo de él el día 30 de agosto de 2009. Respondió: Venia de la circunvalación No. 1, hacia Sierra Maestra, por la calle 12. Segunda pregunta: Diga la testigo en que sentido circulaba el vehículo marca Renault, modelo Twingo, el cual colisionó, es decir, chocó con el vehículo el cual venía usted a bordo el día 30 de agosto de 2009. Respondió: Venía de la zona sur como hacia la zona norte, iba a agarrar como la avenida unión, la avenida 18. Tercera pregunta: Diga la testigo cual era el número de la avenida que circulaba el vehículo marca Renault, modelo Twingo, color azul. Respondió: Avenida 18. Cuarta Pregunta: Diga la testigo si en la avenida 18 en el sentido sur- norte y en sentido norte-sur existe una señalización de pare. Respondió: Si, si existe. Quinta pregunta: Diga la testigo cual era el número de la calle por la cual circulaba el vehículo modelo Monte Carlos, marca Chevrolet, el cual usted venía a bordo. Respondió: Calle 12. Sexta pregunta: Diga la testigo si sabe y le consta cual de los dos conductores fue el que no observó la señal de pare que se encuentra ubicada en la avenida 18, en sentido sur-norte y norte-sur. Respondió: El de carrito azul, el que venía por la avenida 18, el que no respetó la señal de pare. Séptima pregunta: Diga la testigo que otras personas aparte de usted venía a bordo del vehículo Monte Carlos, marca Chevrolet. Respondió: El señor Aquiles que era el chofer, el señor Edson, la señora Yesenia y el bebe de la señora Yesenia. Octava pregunta: Diga la testigo ya que manifiesta venir de la circunvalación número 1, de que sitio venían en ese momento. Respondió: De Calzados Bellísimas, de la avenida La Limpia. Novena pregunta. Diga la testigo porque se incorporaron a la calle 12, con avenida 18, que rumbo llevaban. Respondió: íbamos hacia el sur, me iban a dejar en mi casa primero. Décima pregunta. Diga la testigo cual es la dirección de su casa. Respondió: Barrio 24 de Julio, Avenida 49A, No. 170-96. Décima primera pregunta. Diga la testigo que punto de referencia o que establecimiento comercial queda cerca del sitio donde ocurrieron los hechos sucedidos el 30 de agosto de 2009. Respondió: Esta una panadería en la esquina, no recuerdo el nombre, pero también más adelante hay una empresa que se llama Chávez, C.A. Décima segunda: A cuantas cuadras de la circunvalación número 1, fue que sucedió la colisión entre los vehículos modelo Twingo, marca Renault y modelo Monte Carlos, marca Chevrolet. Respondió: dos cuadras. Décima tercera: Diga la testigo cuantas personas venían a bordo del vehículo modelo Twingo, marca Renault. Respondió: 3 personas. La parte demandada ejerció su derecho a repreguntar. Primera repregunta: Diga la testigo si ratifica que el vehículo chevrolet Monte Carlos conducido por el demandante se trasladaba por la calle 12, del Barrio Sierra Maestra al momento del accidente. Respondió: Si. Segunda repregunta: Diga la testigo si ratifica que el vehículo Renault Twingo propiedad del asegurado J.J.R.B. se desplazaba por la avenida 18 del Barrio Sierra Maestra al momento del accidente. Respondió: Si. Cesó dicho acto.

Seguidamente previo el juramento de ley, el ciudadano E.G.G.B., rindió declaración de la siguiente manera: Primera pregunta: Diga cual era el sentido que se trasladaba el vehículo modelo Monte Carlos, marca Chevrolet, el día 30 de agosto de 2009. Respondió: Nosotros veníamos de la circunvalación número 1, entrando por Sierra Maestra, por la Calle 12, a lo que íbamos llegando, pasando a la avenida 18, venía un carro azul marca Renault, el cual no paró, no respetó el pare, sino que siguió derecho, y allí impactamos con él. Segunda pregunta: Diga el testigo en donde se encuentra ubicada la señal de pare el cual usted acaba de hacer mención. Respondió: La señal de pare se encuentra de sur a norte. Tercera pregunta: Diga el testigo si en la calle 12 el cual se desplazaba el vehiculo Monte Carlos, marca Chevrolet el cual usted venía a bordo existe alguna señalización de pare o algo que se le parezca. Respondió: No. Cuarta pregunta: Diga el testigo cual de los dos conductores fue el que no observó la señal de pare. Respondió: El carro Renault. Quinta pregunta: Diga el testigo aparte de su persona que otras personas venían el vehículo modelo Monte Carlos, marca Chevrolet el día 30 de agosto de 2009. Respondió: Una señora que venía con nosotros. Sexta pregunta: Diga el testigo cual era el nombre de esa señora si lo recuerda. Respondió: La señora se llama Lorena. Séptima pregunta: Diga el testigo ya que usted manifiesta que venían de la circunvalación 1 hacia donde iban. Respondió: Íbamos hacia el Kilómetro 4. La parte demandada ejerció su derecho a repreguntar. Primera repregunta: Ratifica el testigo que al momento del accidente el vehículo Chevrolet Monte Carlos conducido por el demandante circulaba por la calle 12 del Barrio Sierra Maestra. Respondió: Si. Segunda repregunta: Ratifica el testigo si al momento del accidente el vehiculo Renault Twingo circulaba por la avenida 18 del Barrio Sierra Maestra. Respondió: Si. Tercera repregunta: Diga el testigo hacia donde se dirigía el vehículo chevrolet Monte Carlos al momento del accidente. Respondio: íbamos al Kilómetro 4. Cuarta repregunta: Diga el testigo el número exactos de personas que lo acompañaban en el vehículo Chevrolet Monte Carlos al momento del accidente. Respondio: La señora y el señor que venía manejando. Cesó el acto.

Vistas las deposiciones antes transcritas y por cuanto el Juzgado observa que nada aportan ni ofrecen algún elemento de convicción que puede ayudar a esclarecer la presente controversia, pues ambos testigos manifestaron que el vehículo conducido por el actor circulaba por la calle 12 y que, el vehículo del asegurado se desplazaba por la avenida 18, hechos que no fueron controvertidos en esta causa, aunado a que hacen referencia a nuevos hechos no invocados en el escrito libelar; además que, se contradicen entre si y con las demás probanzas de autos, por tal razón este Tribunal desecha las testimoniales conforme a lo establecido en los artículos 508 y 509 de Código de Procedimiento Civil y así se decide.

Por su parte, la demandada consignó junto con el escrito de contestación de demanda la pruebas documentales marcadas con los Nos. “2”, “4” y “5”, contentivas del Cuadro Póliza-Recibo de Prima, Reclamación de Responsabilidad Civil de Vehículos y Condicionado de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos, las cuales rielan a los folios 74, 80 al 84 del expediente, para demostrar las condiciones que rigen el contrato de seguro, referente a las coberturas y límites de la p.c. las cuales fueron admitidas y valoradas en su oportunidad legal.

Cursa a los folios 128 al 138 del expediente, inspección judicial evacuada por este Despacho conforme con lo establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil promovida por la parte demandada, por lo que este Tribunal le otorga pleno valor probatorio y aprecia que se trasladó a la avenida 18, con cruce a la esquina con la calle 12 del Barrio Sierra Maestra del Municipio San F.d.E.Z., donde a simple vista pudo observar a la altura de la intersección en sentido norte-sur y en sentido sur-norte de la calle 12, una señal de pare en la vía de acuerdo a lo reseñado en las actuaciones administrativas de tránsito.

En lo atinente a la prueba de reproducción cinematográfica del accidente, promovida por la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, y evacuada en la audiencia o debate oral, mediante una presentación hecha en un equipo de Video-Beam con el programa Powerpoint de Microsoft Office, este Tribunal observa que, la parte demandada de acuerdo a lo invocado por el actor en el escrito libelar logró comprobar que el vehículo No. 1, se desplazaba en sentido este-oeste por la avenida y que el vehículo No. 2 transitaba por la calle 12, vía ésta que atraviesa perpendicularmente a la avenida 18, cuyo movimiento de tránsito fue registrado con orientación al norte-sur-norte, por lo que este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.

-X-

Analizadas como han sido las pruebas de ambas partes, observa este Tribunal que el actor no logró demostrar en el transcurso del proceso lo invocado en el escrito libelar y la reforma, ya que de las pruebas a.y.v.p. este Juzgado quedó comprobado que el conductor J.R. se desplazaba en dirección este-oeste por la avenida 18; por lo que, el accionante no pudo comprobar que el conductor No. 1, actuó con imprudencia en dirección este-oeste y que al querer atravesar la avenida 18 de Sierra Maestra sin mirar a los lados y sin acatar la señal de pare que está en la esquina de la calle 12, ocasionó el accidente. En tal sentido, se hace imperioso señalar que, las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al sentido de circulación de los vehículos conducido por el demandante y el asegurado al momento del accidente quedaron establecidas en las actuaciones administrativas emitidas por la autoridad de tránsito, hechos que no fueron controvertidos en el proceso y que no es posible en los juicios orales traer nuevos hechos en la audiencia de debate, pues viola el derecho de la defensa de la parte contraria. De igual forma, tal y como lo señaló la representación de la parte demandada no puede la parte que produce una prueba, en este caso, el instrumento fundamental de la acción, desvirtuarla tal como lo pretendió el actor en la audiencia oral, menos aún cuando este Tribunal en fecha 17 de septiembre de 2010, admitió y valoró dichas probanzas, por lo que concluye este Despacho que conforme al croquis que forma parte de las actuaciones administrativas de tránsito los vehículos involucrados en la colisión para el momento del accidente, quedaron ubicados en dirección norte-sur de la calle 12, con intersección de la avenida 18, y así se decide.

No obstante este Juzgado con apoyo de un plano aerofotogramétrico del sector donde ocurrió el accidente, pudo determinar que, la avenida 18 va orientada en dirección norte-sur y que, la calle 12, va en dirección este-oeste, lo cual no concuerda con los hechos señalados en el croquis incorporado a las actas procesales como única prueba de la parte actora. Por otra parte, constata este Despacho que según las propias declaraciones rendidas por los conductores circulaban en sentido norte-sur y sur-norte, y tomando en consideración el plano antes citado, ambos vehículos circulaban con orientación a la avenida 18 que es la vía de tránsito automotor de mayor importancia urbanística; en tanto y en cuanto, al tomar como referencia el croquis levantado por tránsito circulaban por la calle 12 en sentido norte-sur y sur-norte, hechos que no fueron alegados ni dilucidados en la presente causa, razón por la cual considera este Tribunal que el actor no pudo demostrar en el proceso el sentido de orientación en el cual se desplazaban los vehículos involucrados en el accidente ni el lugar de impacto y así se decide.

Así las cosas, concluye este Despacho que el funcionario de tránsito al levantar el croquis incurrió en confusión al señalar el sentido de circulación de los vehículos para el momento del accidente, con respecto a las coordenadas, elementos necesarios para fijar la posición del lugar del impacto, error que fue convalidada por el actor al no incorporar otros medios de pruebas pautados en la ley para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni haber invocado tal hecho en el escrito libelar y así poder demostrar el sentido de circulación de los vehículos Nos. 1 y 2 para el momento del accidente, y por cuanto el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en los autos, sin poder suplir excepciones o argumentos de hecho, conforme a lo pautado en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que establece que al no existir plena prueba de los hechos invocados en la demanda, en caso de duda, el Juez no podrá declarar con lugar la demanda; y al quedar comprobado en autos que, el actor iba por la calle 12 donde existe señalización de pare con intersección a la avenida 18; que debió reducir la velocidad al ingresar a un cruce de vía y que no tomó en consideración las circunstancias de la vía principal que no permite realizar con seguridad dicho cruce; y siendo que la propia ley establece que el conductor deberá circular a velocidad moderada y si fuera el caso detener el vehículo cuando las circunstancias lo exigen y reiniciar la marcha sólo cuando pueda hacerlo en condiciones que eliminen toda posibilidad de accidente; que quedó demostrado igualmente que el vehículo 2, al circular en sentido norte-sur por la calle 12, produjo rastro de frenos al momento del impacto, por lo que concluye este Tribunal que el demandante actuó con imprudencia y consecuencialmente la causa determinante del accidente fue la culpa de la presunta víctima, pues tal como lo invocó la parte demandada puso en peligro la seguridad del tránsito y no acató las obligaciones que le imponen los artículos 255, 256 numeral 9 y 269 del Reglamento de la Ley de T.T., y en ocasión a que en el transcurso del proceso no pudo demostrar la relación de causalidad entre la conducta culposa del presunto agente y el daño sufrido por la víctima, la parte demandada queda liberada de responsabilidad civil según lo invocado y probado en las actas procesales y así se decide.

Por los razonamientos arriba señalados, este Tribunal forzosamente debe concluir, obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo y racional en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, que debe declarar sin lugar la acción que por cobro de bolívares por daños materiales fue interpuesta y así se decide.

-XI-

Por las razones antes expuestas este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la acción que por COBRO DE BOLÍVARES POR DAÑOS MATERIALES fue interpuesta por el ciudadano A.J.M.P., en contra de la Sociedad SEGUROS MERCANTIL, C.A., ambas partes plenamente identificadas en la narrativa de este fallo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante por haber sido vencida totalmente en el proceso.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, sellada y firmada en la Despacho del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010).

LA JUEZ TITULAR

X.R.

LA SECRETARIA TITULAR

MARIELIS ESCANDELA

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) se publicó el presente fallo.

LA SECRETARIA TITULAR

MARIELIS ESCANDELA