Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 9 de Abril de 2014

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la copia certificada del expediente número 7235, que cursa ante éste Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con el objeto de demostrar que contra el aquí demandado se ha instaurado otra acción por los mismos hechos. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio, por cuanto del mismo se evidencia que el ciudadano J.F.Á.S., en su carácter de propietario del apartamento distinguido con la nomenclatura 02-83, situado en el 8º piso del edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, Avenida Las Américas, Municipio Libertador del estado Mérida, demandó al ciudadano A.C.M., por las mismas razones de hecho y de derecho contenidas en la acción cabeza de autos, aunado al hecho que dicho instrumento no fue impugnado ni tachado de falsedad por la accionada. Y ASÍ SE DECLARA.

TESTIMONIAL:

• Promueve el testimonio de la ciudadana L.I.R.R., identificada en autos. Esta Juzgadora, en atención al testimonio otorgado, el cual se encuentra contenido en acta de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013), agregada al folio doscientos sesenta (260) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, lo aprecia y le otorga valor probatorio por estar conteste con las demás actuaciones que guardan relación con el presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la prueba de inspección judicial, solicitando al Tribunal se traslade y constituya en el apartamento distinguido con la nomenclatura 02-84, ubicado en el 8º piso del edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, Avenida Las Américas, Municipio Libertador del estado Mérida y se deje constancia de los particulares que señala en su escrito de promoción de pruebas. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora evidencia al folio doscientos treinta y nueve (239), acta levantada en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), en ocasión de llevarse a cabo la inspección judicial promovida; de igual manera, al folio doscientos cuarenta y dos (242), riela diligencia suscrita por el ciudadano J.A.R.P., perito designado por éste Tribunal, a través de la cual consigna el informe fotográfico realizado durante la práctica de la inspección judicial practicada. Luego de su revisión y análisis, esta Juzgadora aprecia y le otorga valor probatorio a la prueba in comento. Y ASÍ SE DECLARA.

LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

Promueve bajo el principio procesal de traslado de pruebas el valor y mérito jurídico probatorio de las copias simples del expediente 7235 llevado por éste Despacho. Esta Juzgadora evidencia que la presente prueba no fue admitida, tal y como se desprende de auto dictado por éste Juzgado en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013), agregado al folio doscientos treinta y siete (237), por lo cual no se tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la copia simple de la asamblea de copropietarios de la Junta de Condominio del edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil cinco (2005). En atención a la referida prueba, esta Juzgadora luego de la revisión y estudio de la misma, evidencia que no genera elemento de convicción alguno que en algo contribuya a la resolución del conflicto planteado, mucho menos enerva la pretensión del actor ni favorece al promovente, por lo cual no se aprecia ni se le otorga valor probatorio, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la prueba de inspección judicial, solicitando al Tribunal se traslade y constituya en el edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, Avenida Las Américas, Municipio Libertador del Estado Mérida y se deje constancia de los particulares que señala en su escrito de promoción de pruebas. Esta Juzgadora evidencia que la presente prueba no fue admitida por ser inoficiosa, tal y como se desprende de auto dictado por éste Juzgado en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013), agregado al folio doscientos treinta y siete (237), dado que para los mismo efectos fue promovida la prueba de experticia, por lo cual no se tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 451 al 471 del Código de Procedimiento Civil, promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la prueba de experticia judicial, solicitando al Tribunal se traslade y constituya en el apartamento distinguido con la nomenclatura 02-84, ubicado en el 8º piso del edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, Avenida Las Américas, Municipio Libertador del estado Mérida y se deje constancia de los particulares que señala en su escrito de promoción de pruebas. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora evidencia al folio doscientos treinta y nueve (239), acta levantada en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), en ocasión de llevarse a cabo la prueba de experticia judicial promovida; de igual manera, al folio doscientos cuarenta y dos (242), riela diligencia suscrita por el ciudadano J.A.R.P., perito designado por éste Tribunal, a través de la cual consigna el informe fotográfico realizado durante la práctica de la inspección judicial practicada. Luego de su revisión y análisis, esta Juzgadora aprecia y le otorga valor probatorio a la prueba in comento. Y ASÍ SE DECLARA.

TESTIMONIALES:

• Promueve el testimonio del ciudadano L.A.B., identificado en autos. Ahora bien, por cuanto en la oportunidad fijada por este Juzgado para tomar su declaración, el mencionado ciudadano no compareció, declarándose consecuentemente DESIERTO el acto, es por lo que esta Juzgadora no tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

• Promueve el testimonio de la ciudadana M.S.A.D.C., identificada en autos. Ahora bien, por cuanto en la oportunidad fijada por este Juzgado para tomar su declaración, la mencionada ciudadana no compareció, declarándose consecuentemente DESIERTO el acto, es por lo que esta Juzgadora no tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

• Promueve el testimonio del ciudadano L.A.M., identificado en autos. Ahora bien, por cuanto en la oportunidad fijada por este Juzgado para tomar su declaración, el mencionado ciudadano no compareció, declarándose consecuentemente DESIERTO el acto, es por lo que esta Juzgadora no tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, promueve el valor y mérito jurídico probatorio de la prueba de exhibición de documentos. Esta Juzgadora evidencia que la presente prueba no fue admitida, tal y como se desprende de auto dictado por éste Juzgado en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013), agregado al folio doscientos treinta y siete (237), por lo cual no se tiene materia sobre la cual decidir. Y ASÍ SE DECLARA.

LLEGADA LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA DICTAR SENTENCIA, ESTE TRIBUNAL LO HACE EN LO SIGUIENTES TÉRMINOS:

Se evidencia al folio al diecisiete (17) del expediente, diligencia suscrita por el ciudadano alguacil de éste Tribunal, por medio de la cual señala que procedió a citar personalmente al demandado de autos, ciudadano A.C.M., sin embargo, éste se negó a firmar el recibo de citación, manifestándole que quedaba legalmente citado. Y ASÍ SE DECLARA.

De igual manera, al folio treinta y tres (33) riela constancia de fecha diez (10) de julio de dos mil trece (2013) emitida por la ciudadana secretaria de éste Tribunal, por medio de la cual señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, se trasladó hasta el domicilio del demandado de autos, haciendo efectiva la entrega de la boleta de notificación correspondiente. Y ASÍ SE DECLARA.

Así mismo, al folio treinta y cuatro (34), obra agregada diligencia de fecha doce (12) de agosto de dos mil trece (2013), suscrita por la ciudadana secretaria de éste despacho, por medio de la cual deja constancia que siendo la oportunidad para dar contestación a la demanda en el presente Juicio, la parte demandada no compareció ni por sí misma ni a través de apoderado judicial. Y ASÍ SE DECLARA.

Igualmente, luego de la revisión de las actas procesales que corren en el expediente, se evidencia que la parte demandada en el momento procesal correspondiente procedió a promover pruebas; sin embargo, luego de su revisión, análisis y valoración, la mismas no generaron elemento de convicción alguno que en algo le favoreciera, mucho menos desvirtúan la pretensión del actor. Y ASÍ SE DECLARA.

En este sentido, luego de la exhaustiva revisión y análisis de las actas procesales, se evidencia efectivamente que el ciudadano A.C.M., demandado de autos, fue contratado verbalmente para realizar reparaciones de impermeabilización del techo del edificio 2 del Conjunto Residencial “Río Arriba”, ubicado en la Avenida Las Américas, Municipio Libertador del estado Mérida. Y ASÍ SE DECLARA.

De igual manera se desprende que los apartamentos afectados por las filtraciones de agua provenientes del techo afectó los apartamentos ubicados en el piso octavo (8º) de dicho edificio, precisamente los identificados con las nomenclaturas: 02-81, 02-82, 02-83 y 02-84, éste último propiedad del aquí demandante. Y ASÍ SE DECLARA.

Así mismo, se desprende que el actor fundamenta su acción en el hecho que luego de las reparaciones de impermeabilización del techo del edificio in comento, se siguieron presentando filtraciones en el apartamento de su propiedad, afectando la estructura del mismo, sin que el contratista, ciudadano A.C.M., respondiera con la debida garantía por el trabajo realizado. Y ASÍ SE DECLARA.

El artículo 1.630 de la N.C.S., establece:

El contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle

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Igualmente, el artículo 1.637 del Código Civil, establece:

Si en el curso de diez años a contar desde el día en que se ha terminado la construcción de un edificio o de otra obra importante o considerable, una u otra se arruinaren en todo o en parte, o presentaren evidente peligro de ruina por defecto de construcción o por vicio del suelo, el arquitecto y el empresario son responsables.

La acción de indemnización debe intentarse dentro de dos años, a contar desde el día en que se ha verificado uno de los casos mencionados

.

Respecto a la obligación de indemnización, el artículo 1.274 de la N.C.S., prevé:

El deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta de cumplimiento de la obligación no proviene de su dolo

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Finalmente, el artículo 1.275, indica:

Aunque la falta de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad de que se le haya privado, no deben extenderse sino a los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación

.

De las normas transcritas se materializa el derecho que posee el propietario en caso de incumplimiento por parte del contratista, de solicitar la indemnización por los daños generados. En el caso de marras, vista la reclamación efectuada por el actor y visto igualmente el conglomerado de actuaciones de las cuales se deriva el incumplimiento de la parte demandada, materializado el mismo el no otorgamiento de la debida garantía por el trabajo de impermeabilización realizado, aunado a que la presente demanda no es contraria a Derecho, a la moral y a las buenas costumbres, además que las pruebas que aportó el accionado no le favorecieron ni desvirtuaron la pretensión del actor, es por lo que resulta forzoso declarar CON LUGAR la petición del accionante, tal y como se decretará en la parte dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

Respecto a la indemnización por DAÑO MORAL reclamada por el actor, es preciso realizar las siguientes consideraciones:

Tal como ha sido criterio de la Sala de Casación Civil a partir de la sentencia número 116 de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil (2000), el artículo 1.196 del Código Civil prevé la obligación de reparar a quien haya sufrido un daño material o moral causado por un hecho ilícito, siendo potestad del Juez fijar el monto de una indemnización por daño moral, sujeta a la prudencia de éste, demostrada que sea la ocurrencia del daño, proveniente de una lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada, puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima. Lo señalado precedentemente, tiene su base en que el pago que se dispone como reparación de los daños morales, no tiende a compensar el perjuicio extra-patrimonial sufrido, sino que éste sirve para acordar una satisfacción al damnificado, es por ello que el Juez debe otorgar una suma de dinero “que tenga en cuenta el desasosiego, sufrimiento, molestias, etc., pero no como una compensación al dolor físico o psíquico, sino como una retribución satisfactoria de tales quebrantos”. Para ello, la Sala estableció que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la Ley y la equidad, analizando para ello los aspectos referidos a:

1. La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales);

2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva);

3. La conducta de la víctima;

4. La capacidad económica y condición social del demandante;

5. La capacidad económica de la parte accionada;

6. Los posibles atenuantes a favor del responsable;

7. El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría el demandante para retribuir el daño sufrido.

   Expuesto lo anterior, esta Juzgadora pasa a analizar los aspectos establecidos a los efectos de la determinación del monto a indemnizar por Daño Moral:

1. En cuanto al daño sufrido por el actor (escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, se observa que en el caso bajo estudio, la falta de acción oportuna por parte del contratista – demandado en efectuar las debidas reparaciones por garantía en el trabajado de impermeabilización efectuado, le trajo como consecuencia a la actora y a su grupo familiar en época de lluvia limitaciones y contratiempos para llevar con normalidad su quehacer diario dentro de su hogar, tanto como para su descanso reparador como para ejercer de manera cotidiana cualquier actividad dentro del inmueble, dadas las filtraciones presentes en el mismo, lo que le afecta emocionalmente.

2. En cuanto al grado de culpabilidad del accionado: De autos se desprende que la reparaciones de impermeabilización del techo del edificio en cuestión no fueron las idóneas por cuanto se siguieron presentando filtraciones de considerable magnitud y muy a pesar de la serie de llamados hechos por el actor al contratista demandado, éste no cumplió con la debida garantía por el trabajo efectuado, lo cual agravó la situación presentada en el inmueble.

3. En relación con la conducta de la víctima: De autos se evidencia que la misma fue omitiva y de total desentendimiento al problema suscitado, por cuanto el contratista a pesar de haber sido requerido en varias oportunidades a los efectos de solventar la situación presentada, nunca prestó la debida garantía por la reparación realizada.

4. En cuanto a la capacidad económica y condición social del demandante: Se evidencia que el actor es profesional del Derecho, casado y con descendencia, sin que de autos se puedan obtener mayores elementos de determinación de su capacidad económica o condición social.

5. Con respecto a la capacidad económica de la parte accionada: De las actas se desprende que el accionado se desempeña como contratista de obras civiles; de igual manera se puede evidenciar que el demandado era arrendatario de un apartamento en el Conjunto Residencial “Río Arriba” y que su capacidad económica le permitió posteriormente ocupar un inmueble en un conjunto residencial privado (Alto Prado), por lo que se presume dispone de los activos suficientes para cubrir la indemnización que se acordare.

6. Respecto a los posibles atenuantes a favor del responsable: De la revisión de las actas procesales no se origina ningún elemento que pueda invocarse como una atenuante en el daño culposo originado por el actor.

7. El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría el demandante para retribuir el daño sufrido: Una retribución dineraria, como se procederá a condenar a pagar en favor del demandante, constituye una retribución satisfactoria que puede resarcir el daño emocional sufrido por la accionante y su grupo familiar durante cinco (5) años contados desde que el contratista elaboró los trabajos de impermeabilización en el techo del edificio en cuestión.

   Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, se estima procedente a favor de la actora el concepto de Daño Moral, cuya retribución dineraria será establecida, en base a los aspectos indicados, en la parte dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

   CAPÍTULO III

   DE LA DISPOSITIVA

   En atención y consideración a las razones ya expuestas, es por lo que este JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA incoada por el abogado en ejercicio J.A.M.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.885.082, inscrito en el inpreabogado bajo el número 54.507, domiciliado en el Municipio Libertador del estado Mérida y jurídicamente hábil, actuando en su propio nombre, debidamente representado por los abogados en ejercicio M.A.M.D.M. y J.C.T.U., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-3.766.728 y V-5.205.018, respectivamente, inscritos en el inpreabogado bajo los números 25.631 y 37.499, en su orden, domiciliados en esta ciudad de Mérida estado Mérida y jurídicamente hábiles, en contra del ciudadano A.C.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-8.024.635, domiciliado en la ciudad de Mérida estado Mérida y civilmente hábil, debidamente representado por los abogado en ejercicio S.L.R.O. y M.C., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-15.995.753 y V-4.965.578, respectivamente, inscritos en el inpreabogado bajo los números 135.282 y 36.601, en su orden, domiciliados en la ciudad de Mérida estado Mérida y jurídicamente hábiles, por DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES. En consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 1.159, 1.160 y 1.167 de la N.C.A., en concordancia con lo previsto en los artículos 1.274 y 1.275 ejusdem, condena a la parte demandada en pagar a la parte actora la cantidad de SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs.70.000,00), por concepto de pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados en el inmueble propiedad del actor producto del incumplimiento de la obligación contraída mediante el contrato verbal de obra. De igual manera, en atención a lo previsto en el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano vigente, se condena a la parte demandada en pagar a la parte actora la cantidad de SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs.60.000,00), por concepto de DAÑO MORAL. De conformidad con el artículo 274 de la N.C.A., se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente perdidosa. Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso establecido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que las partes se encuentran a Derecho para conocer de la misma e interponer los recursos que estimen pertinentes. DADO, SELLADO Y FIRMADO EN LA SALA DE DESPACHO DE ESTE JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. En la ciudad de Mérida, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

   LA JUEZ

   ABG. MARÍA ELCIRA MARÍN OSORIO

   EL SECRETARIO

   ABG. ARMANDO JOSÉ PENA

   En la misma fecha se copió y publicó, siendo las 11:30 de la mañana. Quedando su asiento en el libro diario bajo el N° 01.-

   Srio.