Decisión de Juzgado del Municipio Agua Blanca y San Rafael de Onoto de Portuguesa, de 7 de Noviembre de 2006
| Fecha de Resolución | 7 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Juzgado del Municipio Agua Blanca y San Rafael de Onoto |
| Ponente | Marvis Coromoto Maluenga de Osorio |
| Procedimiento | Medida Judicial De Retención Del Sueldo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EN SU NOMBRE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS AGUA BLANCA Y SAN R.D.O.D.S.C. DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
Agua Blanca, 07 de Noviembre del 2.006
196° y 147°
EXPEDIENTE N°: 149-2.005
DEMANDANTE: P.A. URQUIOLA GOMEZ
DEMANDADO: J.G.A.A.
MOTIVO: MEDIDA DE RETENCIÓN DE SALARIO
En fecha 22 de marzo de 2005, comparece la ciudadana: HIRVIC QUINTERO, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección del Niño, del Adolescente y la Familia del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, quién manifiesta que la ciudadana P.A. URQUIOLA GOMEZ, mayor de edad, residenciada en Barrio Colombia, calle 16, casa N° 42-24 del Municipio Agua Blanca, de profesión Comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-14.887.807,en representación de su hijo, J.M.A.U., de ocho (08) años de edad, intentó acción por Incumplimiento de obligación alimentaría contra el padre del niño, ciudadano: J.G.A.A., residenciado en el Barrio Santa Bárbara, frente a la finca los muchachos, del Municipio Agua B. delE.P., para que le proporcione una pensión por un monto de Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000,00) mensuales y el doble de la cantidad en los meses de agosto y diciembre de cada año.
Asimismo, vista la solicitud de fecha 01 de Noviembre de 2006, formulada por la ciudadana P.A. URQUIOLA GOMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.887.807, relativa a que debido al incumplimiento del convenimiento, de fecha 06 de abril de 2005, por el cual se comprometió a darle a su hijo la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00) mensuales, como el doble en el mes de Agosto y diciembre de cada año, como también en colaborar con los gastos de medicinas y, el cual fue homologado por el Tribunal el 20 de abril de 2005; Consigna copia de la Libreta de Ahorro actualizada donde se evidencia que ha pagado hasta el mes de septiembre adeudando octubre y noviembre, pide le sea descontada directamente de la nómina del trabajo, el monto de la obligación alimentaría, al ciudadano J.G.A.A., por ser padre de su menor hijo, J.M.A.U., de ocho (08) años de edad, este Tribunal pasa a decidir en los términos siguientes:
Previamente, antes de pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada de retención de la obligación alimentaría, este Tribunal observa:
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA:
En la solicitud formulada por ante este Tribunal, el 01 de Noviembre de 2006, la parte demandante, ciudadana P.A. URQUIOLA GOMEZ, expone lo siguiente: “Solicito a este Tribunal sea retenido el sueldo del ciudadano J.G.A., titular de la cédula de identidad N° 14.177.913, en su carácter de demandado, ha incumplido con lo establecido en el acto conciliatorio de fecha 06 de abril del año 2.005, el cual trabaja en la empresa CONSORCIO VALLE GRANDE, CANTHILIVER, ubicado en el municipio Agua Blanca”, Anexa copia de la libreta a fin de demostrar el incumplimiento.
PUNTO PREVIO
Revisadas las actas que conforman el expediente, resulta pertinente y corresponde a este Tribunal, emitir el respectivo pronunciamiento acerca de la competencia para conocer de la presente causa, previas las consideraciones siguientes:
El artículo 453 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con respecto a la competencia, determina que “El Juez competente para los casos previstos en el artículo 177 de esta Ley será el de la residencia del niño y del adolescente… (Omissis)”. Y, precisamente, éste artículo recoge la obligación alimentaria en el parágrafo Primero, letra d).
Al respecto, el artículo 3 del Código Adjetivo, indica que “La jurisdicción y competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación salvo que la ley disponga otra cosa”.
Adicionalmente, es necesario señalar que la Resolución N° 1278, de fecha 22 de agosto de 2000, emitida por la Dirección de la Magistratura, expresamente, dispuso un régimen atributivo de competencia para
asuntos alimentarios a los Tribunales Civiles que funcionen en localidades foráneas o en su defecto, a los Tribunales de Municipio, en aquellas localidades, donde no existan Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.
Se constata de la solicitud el Incumplimiento de la obligación alimentaría, y que la residencia del niño, está dentro del ámbito territorial del Tribunal porque reside en el Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa. De las normas citadas como de la Resolución enunciada, se infiere la atribución directa y expresa de la competencia por la materia de este Tribunal. Así se decide.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Asumida como ha sido la competencia en la presente acción, corresponde al Tribunal el pronunciamiento en relación con la procedencia de la medida cautelar que se solicitó en el curso del procedimiento de Incumplimiento de fijación de obligación alimentaria. Tal como pacíficamente ha venido señalando la jurisprudencia, el poder cautelar general del juez puede ejercerse en el marco de los procesos judiciales para que se acuerden las medidas que resulten necesarias –sean éstas nominadas o innominadas- para el aseguramiento de la eficacia de la sentencia definitiva; medidas cuya procedencia dependen fundamentalmente del cumplimiento de los requisitos que para tal fin exige la Ley adjetiva, concretamente los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, el artículo 381 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece la posibilidad de decretar medidas cautelares al señalar que:
Artículo 381. Medidas Cautelares. El juez puede acordar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado deje pagar las cantidades que, por tal concepto, corresponda a un niño o a un adolescente. Se considera probado el riesgo cuando, habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas
.
La norma establece como primero de los requisitos de procedencia propios de toda medida cautelar: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Además, exige un segundo requisito inmanente a toda medida cautelar, como lo es la verificación del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), desde que dispone que la cautela no tiene otra finalidad que la garantía de las resultas del juicio.De allí que puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), si el solicitante acompañó un medio de prueba que constituya presunción grave de tales circunstancias, ya que, en función de la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que preceptúa la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.Tales extremos deben cumplirse de manera concurrente, por lo que, si falta alguno de estos elementos, el juez no podría decretar la medida preventiva. En consecuencia, pasa este Tribunal a examinar si existe en autos prueba suficiente que constituya presunción de: a) la amenaza de violación a los derechos que se reclaman (fumus boni iuris) y b) el riesgo manifiesto de que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
Como se ha señalado, el fumus boni iuris constituye la presunción de buen derecho por parte de la accionante en relación a lo pretendido. En este sentido evidencia este Tribunal, que la demandante requiere se acuerde medida cautelar de retención de la obligación alimentaria de la nómina de la empresa donde trabaja el demandado.
Invoca la accionante a su favor como presunción de buen derecho en relación a la retención de la obligación alimentaria de que el demandado es el padre del niño, y el incumplimiento. En este sentido observa el Tribunal, sin que ello constituya prejuzgamiento alguno, que efectivamente la demandante trajo a los autos la partida de nacimiento del niño con lo cual se verifica la presunta filiación con el demandado, con lo que queda demostrado el fumus boni iuris, esto es, la presunción de buen derecho por parte de la accionante en relación a lo pretendido.
A tal efecto, preceptúa el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, lo siguiente:
La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad…
. (Cursiva del Tribunal).
En consecuencia, el precitado ciudadano, siendo el padre del niño, es el presunto legitimado pasivo para cumplir con la obligación alimentaria. Por tal razón, se debe tener como cumplido la presunción del buen derecho. Así se declara. Con relación al segundo de los requisitos, definido por la doctrina y la jurisprudencia como periculum in mora, el mismo constituye el temor razonable de un daño jurídico posible, inminente o inmediato en el ámbito jurídico y personal del niño, que se hace necesario prevenir, de modo que no basta el simple alegato de la supuesta irreparabilidad del daño, sino la convicción de que la cautela solicitada es necesaria para evitarlo. Asimismo, considera el Tribunal que existe presunción de existencia de un perjuicio irreparable que amerite el ejercicio del poder cautelar del juez.
La obligación alimentaria tiene su base constitucional en el artículo 76, que consagra: “Omissis…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por si mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”. (Cursiva del Tribunal).
En tal sentido, el articulo 30, parágrafo primero, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone que la obligación principal que tienen los padres, representantes o responsables de garantizar a los niños y adolescentes, el disfrute pleno y efectivo del derecho a una alimentación nutritiva y
balanceada, como también, a vestido apropiado al clima y que proteja la salud, está supeditado o sujeto a sus medios económicos.
A continuación se transcribe dicho parágrafo: “Que los padres, representantes o responsables tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos el disfrute pleno y efectivo de ese derecho”.
Entretanto el artículo 8 ejusdem, señala de manera expresa que el principio del Interés Superior del Niño tiene como finalidad “asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías”.
Al respecto, el encabezamiento del artículo 369 de la ley especial, pauta que: “El Juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado”. (Resaltado del tribunal).
Siendo obvia la necesidad e interés de los niños y adolescentes de los alimentos como de la incapacidad para proveerse por sí mismos; por lo que, este juzgador considera que el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, comprende, entre otros, “el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud”, como lo dispone la letra a) del artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; pero, además, “vestido apropiado al clima y que proteja la salud”, a tenor de la letra b).
Además, los padres tienen la obligación dentro de sus posibilidades económicas de garantizar el disfrute pleno y efectivo de ese derecho, por lo cual, en resguardo de los derechos del menor, este Tribunal se pronunciará sobre la medida cautelar de retención por nómina de la obligación alimentaria en beneficio del menor.
Con fundamento en lo anterior y por cuanto se cumplen los supuestos que deben, concurrentemente, observarse para la procedencia de la medida cautelar, estima este Tribunal, sin que se prejuzgue sobre el fondo de la presente acción, que la misma resulta procedente. Así se declara.
En consecuencia, este Tribunal decreta la medida cautelar de retención del salario que devengue por la nómina de la empresa donde trabaja el demandado, J.M.A.U., la suma de Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000,oo) mensuales por concepto de obligación alimentaria que deberá cumplir el padre del niño, en forma mensual y, adicionalmente, el doble, es decir, Ciento Sesenta Mil Bolívares (Bs. 160.000,oo) en los meses de Septiembre y Diciembre, para la compra de vestuario y otras cosas propias de la época decembrina. Así se decide. El monto fijado por obligación alimentaria, no es discordante ni desproporcionado con el salario que devenga el demandado, según se evidencia en constancia de trabajo emanada de la Empresa Consorcio Valle Grande Canthiliver, el cual es por la cantidad de Ciento Ochenta y Cuatro Mil Veinte tres Bolívares, con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. 184.023,42) semanales, en consonancia y a plenitud con la normativa legal especial de los niños y adolescentes y, en concierto con los principios constitucionales de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, conforme con el artículo 257 de la Carta Magna como de la garantía de una tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 constitucional; y, más aún, por estar inmersos y regidos por un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, acorde con el contenido del artículo 2 del Texto Fundamental. Las circunstancias narradas llevan a la convicción de esta juzgadora de la existencia de la presunción de buen derecho y del cumplimiento de los requisitos de ley, señalados en jurisprudencia para su procedencia, por lo tanto, considera este Tribunal que la medida cautelar solicitada debe ser acordada y considera necesaria la retención de la obligación alimentaría de la nómina de la empresa donde labora el demandado. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Agua Blanca y San R. deO. delS.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PROCEDENTE la solicitud de Medida Cautelar de descuento directo de la nómina de trabajo por Obligación Alimentaría formulada por la ciudadana P.A. URQUIOLA GOMEZ, en representación de su hijo, J.M.A.U., de ocho (08) años de edad, derivado de la acción de incumplimiento, por obligación alimentaría contra el padre del niño, ciudadano J.G.A.A..
En consecuencia, acuerda como medida cautelar que se le retenga de la nómina por concepto de obligación alimentaría del salario que devenga el ciudadano J.G.A.A., la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (BS. 80.000,oo) MENSUALES. Por otra parte, deberá suministrar, adicionalmente, la cantidad de Ciento Sesenta Mil Bolívares (Bs.160.000, oo) en los meses de Septiembre, para la compra de útiles y uniformes escolares y diciembre, para la compra de vestuario y otras cosas propias de la época decembrina. Igualmente, se establece que debe coadyuvar con los gastos médicos requeridos por el niño.
Se ordena a la empresa Consorcio Valle Grande Canthiliver, retener a partir de la Primera Quincena del Mes de Noviembre, por concepto de Obligación Alimentaría a favor del niño: J.M.A.U., la cantidad de Ochenta Mil (Bs. 80.000,00) Bolívares Mensuales, y adicionalmente la cantidad de Ochenta Mil Bolívares (Bs.80.000,oo) por concepto de pago atrasado correspondiente al mes de Octubre del presente año, cuyo cheque será enviado a la sede de este Tribunal a nombre de la ciudadana: P.A. URQUIOLA GOMEZ, A fin de garantizar el cumplimiento de la Sentencia.
se ordena a la Empresa Consorcio Valle Grande Canthilliver, que debe retener en el mes de Diciembre del año 2006, la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs.200.000,00), por concepto de pago de deuda de pensión de alimento atrasado correspondiente al año 2.005, así como también en los meses de Febrero y Mayo del año 2.007, la cantidad de Doscientos Ochenta Mil Bolívares (Bs. 280.000,oo) en cada mes, según compromiso de pago firmado por el ciudadano: J.G.A. en fecha 28 de Julio del 2.006.
Se le advierte al demandado y al ente empleador que el atraso injustificado en el pago de la misma causara intereses calculados a la rata del doce (12%) anual, de conformidad así con lo establecido en el Articulo 374 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y traerá como consecuencia de manera inmediata la perdida del régimen de visitas de acuerdo a lo establecido en el articulo 389 Ejusdem. Asimismo se le informa al demandado que en caso de despido o renuncia voluntaria a su trabajo, se acuerde la retención de la suma equivalente a treinta y seis (36) mensualidades adelantadas de conformidad con lo establecido en el artículo 521 Literal C, Ejusdem. Se le advierte al ente empleador que será solidariamente responsable con el obligado alimentario por dejar de retener las cantidades que le señale el juez.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada por secretaria. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Agua Blanca y San R. deO. delS.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Agua Blanca, al siete (07) días del mes Noviembre del dos mil seis. 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
La Jueza Titular,
Abg. Marvis, C. Maluenga de Osorio.
La Secretaria,
Abg. D.A..
En el mismo día de hoy, siendo las 3:20 PM., se publicó la presente decisión. Conste,
Scria.
Exp. N°. 149/2006.
