Decisión nº 207 de Juzgado Segundo de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolivar de Zulia, de 5 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Segundo de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolivar |
| Ponente | William Machado B. |
| Procedimiento | Nulidad De Acta De Asamblea |
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, S.R. Y S.B.D. LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIALL DEL ESTADO ZULIA.
Cabimas, 05 de Octubre de 2.010
200º y 151º
Ocurre por ante esta Instancia la Profesional del Derecho S.L.C., plenamente identificado en actas, solicitando medida Innominada de no modificación de la Cooperativa en cuanto a sus estatutos, Asambleas y Patrimonio, conforme lo establecido en el Articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y Medida Innominada de no movilización a través de la orden de este Tribunal de las cuentas corrientes números 0116-0107-39-0007407645 a nombre de la Cooperativa SERVINAG y de la cuenta Nº 0116-0107-34-0007167105 a nombre de la Integración de Cooperativas de Frente con la Revolución del Sur, perteneciente a la entidad Bancario Banco Occidental de Descuentos, Agencia Sucursal Cabimas; mediante escrito de fecha 24 de MAARZO DEL AÑO 2010. En este caso concreto, se inicia el procedimiento de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA, a través del procedimiento breve, establecido en el Código de Procedimiento Civil Venezolano, incoado por los ciudadanos A.G., A.B. y otros plenamente identificados en actas contra de los ciudadanos M.P. y Otros, todos identificados plenamente en actas. Transcurrido un tiempo prolongado, más de cinco meses de haber sido solicitada la medida y una vez estudiado en forma exhaustiva y rigurosa la acción intentada así como la medida solicitada, este Órgano Jurisdiccional entra a resolver con las siguientes consideraciones:
De las medidas preventivas ó cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Civil, las tradicionales como lo son las Prohibición de Enajenar y Gravar, el Embargo de Bienes Muebles y el Secuestro de Bienes Determinados, así como las de reciente data llamadas o conocidas como Medidas Preventivas Innominadas, la doctrina dominante las define como aquellas medidas necesarias asegurativas para impedir que se haga nugatoria e ilusoria la ejecución del eventual fallo. Hoy en día a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de mil novecientos noventa y nueve (1.999), de conformidad con los artículo 26 y 257 constitucional, constituyen una Garantía Cautelar al Principio de la Tutela Jurisdiccional Efectiva implícito en dichas normas, donde el Órgano Subjetivo Jurisdiccional tiene una facultad discrecional para el decreto de las mismas; y decimos discrecional porque deben cumplirse con los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como los son el conocido PERICULUM IN MORA y EL FOMUS BONUS IURIS, esto es, PELIGRO EN LA DEMORA en la tramitación de los procedimientos que en ocasiones se hacen extensos en el tiempo y el OLOR AL BUEN DERECHO como fundamento de la acción. En una decisión dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, de fecha seis (6) de Junio del año dos mil (2.000) con ponencia del Magistrado José Rafael Tinoco, expreso que: “de la interpretación integral de los postulados contenidos en los artículo 19, 26 y 257 de la Constitución de 1.999, demanda la obligación que ostenta el Estado de garantizar a los Ciudadanos el ejercicio de sus derechos constitucionales, procurándose una Tutela Efectiva de los mismos, siendo el proceso en el marco de la función jurisdiccional, el instrumento fundamental para la materialización de su fin, que encuentran justificación en el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia en que se constituye la República. Sigue señalando la decisión en cuestión que resulta un hecho indiscutible, que la Justicia en la mayoría de los casos no puede actuar con la celeridad deseada, ya que la decisión que llegue a dictarse, estará precedida de un conjunto de pasos y actos procesales necesarios, cuya duración hace que el proceso no sea de carácter breve, dejándose de ser el proceso de esta manera un instrumento para la realización de la justicia, convirtiéndose en un obstáculo en el alcance del objetivo por lo que frente a esta situación se han previsto las medidas preventivas ó cautelares como una garantía frente al inevitable retardo de los proceso judiciales por lo que se sostiene que la protección cautelar ó el derecho cautelar es una manifestación del Derecho Fundamental a la tutela Judicial Efectiva consagrado en el texto fundamental. Concluye la decisión en comento, expresando, que la procedencia de las medidas preventivas dependerá de la concurrencia de los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo que las Medidas Cautelares pretenden ó tienen por norte proteger los derechos de quien reclama justicia, ya que la garantía del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, implica, no solo que el Juez otorgue una medida cuando se verifiquen los presupuestos de Ley, sino que también la niegue cuando tales extremos aparezcan demostrados en autos. Dicho lo anterior y en el específico caso de, dado que la demanda tiene por objeto la Nulidad de Actas y el aseguramiento de cantidades dinerarias, lo que conllevara a una decisión de condena, es perfectamente viable el Decreto de Medidas Preventivas por parte del Operador de Justicia, lo que materializará una Tutela Judicial Efectiva, siempre que concurran los elementos a que se refieren el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Articulo 588, parágrafo primero Ejusdem, teniendo en tal sentido la parte accionante que aportar a los autos los elementos probatorios que demuestren el cumplimiento de tales extremos, sin lo cual no se decretará medida alguna, a menos que se constituya lo previsto en el artículo 599, Ejusdem, una garantía. De las actas que componen este expediente, tanto de la pieza principal como de la presente pieza de medidas, a este Jurisdicente de manera verosímil aprecia, a los efectos del decreto de la medida innominada solicitada, lo viable de la misma.
En virtud de lo cual y de conformidad con todos los razonamientos antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAY POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA MEDIDA INNOMINADA DE NO MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS ASAMBLEAS Y PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA SERVINAG, R.S., DEBIDAMENTE REGISTRADA EN FECHA 08 DE MARZO DEL 2007, POR ANTE EL REGISTRO PÚBLICO INMOBILIARIO DE LOS MUNICIPIOS S.R., CABIMAS Y S.B.D.E.Z., QUEDANDO ANOTADO BAJO EL Nº 18, TOMO 13, PRIMER TRIMESTRE, PARA LO CUAL SE ORDENÓ OFICIAR AL CIUDADANO REGISTRADOR PÚBLICO INMOBILIARIO DE LOS MUNICIPIOS S.R., CABIMAS Y S.B.D.E.Z., Y DE IGUAL MANERA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, SUCURSAL CABIMAS, DE LA MEDIDA INNOMINADA “DE NO MOVILIZACIÓN, SINO MEDIANTE ORDEN EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL DE LAS CUENTAS CORRIENTES NÚMEROS 0116-0107-39-0007407645, A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SERVINAG R.S., Y DE LA CUENTA NUMERO 0116-0107-34-0007167105, A NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS DE FRENTE CON LA REVOLUCIÓN DEL SUR, SEGÚN CONSTA EN OFICIO DIRIGIDO POR USTED A ESTE TRIBUNAL, DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2010, RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE 5666, EL CUAL CORRE INSERTO AL FOLIO 140 DEL MISMO; DE IGUAL MANERA QUEDARA DICHA ENTIDAD BANCARIA COMO DEPOSITARIA DEL DINERO DEPOSITADO EN AMBAS CUENTAS CORRIENTES Y SOLO PODRÁN SER MOVILIZADAS A TRAVÉS DE ORDENES U OFICIOS EMITIDOS POR ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 585 Y 588, PARÁGRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL .- Ofíciese.-
EL JUEZ,
DR. W.M.B..
LA SECRETARIA,
DRA. ALIDA BARROSO O.
En la misma fecha SE PUBLICO DICTA RESOLUCION quedando anotada bajo el Nº 207 y se ofició bajo el No 5666-489 Y 490-2010
